La ex secretaria de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Rosario "Charo" Lorenzo, acepta dos años y once meses de prisión, además de inhabilitación para cargo público durante ocho años, por los delitos de fraude a la administración pública y falsedad en documento oficial, cometidos en la organización de las ferias Ferpalia y Pomóvil, entre los años 2009 y 2011.
Un acuerdo de conformidad con la Fiscalía ha resuelto en la Audiencia Provincial de Pontevedra las penas que asumirán ella y el ex presidente de la Cámara de Comercio Ricardo Mirón, así como el empresario organizador de los eventos, Manuel Cabada Álvarez.
Se les condena por delitos de prevaricación, fraude o falsedad en documento mercantil en la organización de dichos eventos y, aceptando los hechos, asumen penas de dos años y once meses de prisión e inhabilitación para cargo público para la ex secretaria, inhabilitación para Ricardo Mirón y 14 meses de prisión para el empresario Manuel Cabada.
"De forma sistemática"
La Cámara de Comercio adjudicó entre los años 2009 y 2011 la organización de Ferpalia, feria dedicada al turismo, y Pomóvil, un salón del automóvil, a la empresa Grupo Norte, propiedad de Manuel Cabada, de manera "sistemática" y sin respetar los procedimientos legales de contratación a los que estaba obligada la entidad. En esta empresa, añade el fiscal, prestaba sus servicios la hermana de Charo Lorenzo.
La organización de cada una de estas ferias fueron adjudicadas con un presupuesto que osciló entre los 79.692 euros y los 121.540 euros, pero su coste real fue menor.
Para llegar a la reducción de penas con las que los acusados aceptaron la condena y evitan el juicio, el Ministerio Fiscal acepta las atenuantes de dilaciones indebidas (la causa se inició en 2012) y de confesión. "Todos los acusados reconocen ser autores de los hechos expuestos", expone el fiscal.
En este acuerdo, Rosario Lorenzo asume el delito de fraude a la administración pública, por el que es condenada a seis meses de prisión, a lo que se suma un año y seis meses por otro delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, además de otros once meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Todo ello unido a multas que superan los 7.500 euros.
El ex presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Ricardo Mirón Gutiérrez, es inhabilitado para el ejercicio de cargo público como presidente de Cámara de Comercio o cualquier otra corporación de derecho público por un período de cinco años, como responsable de un delito continuado de prevaricación.
Al empresario Manuel Cabada Álvarez, que fue pregonero del Entroido de Pontevedra y que organizaba los eventos feriales para la Cámara, se le imponen penas que en conjunto suman 14 meses de prisión. Cabada asume ocho meses por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otros seis meses por fraude a la Administración, unido a inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con organismos públicos y para disfrutar de beneficios e incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un período de nueve meses, al margen de una multa.
