El comité de empresa de la Consellería de Política Social en la provincia de Pontevedra ha puesto en marcha una campaña para denunciar la existencia de "deficiencias y la falta de personal" en la Residencia de Mayores de la Xunta en Campolongo, "lo que repercute negativamente sobre la calidad asistencial y afecta a los usuarios", según la CIG

El sindicato afirma que estas demandas se suceden desde 2015 "sin que la consellería haga nada al respecto". En concreto, reclaman la creación de una enfermería, la reformulación del servicio de ascensores "por ser insuficientes y no tener unas condiciones idóneas para la movilidad de los usuarios", la instalación de tomas de aspiración y de oxígeno en las habitaciones para personas asistidas, la modificación integral de las plantas tres y cuatro "para adaptarlos a las personas usuarias, la mejora del departamento de cocina y la modificación de los usos del montacargas".

En cuanto a la instalación de las tomas y la dotación de comedores, entienden que se trata de cuestiones "especialmente graves y urgentes, ya que muchas de los usuarios no cuentan con estos y otros elementos necesarios para su seguridad y además tienen que recibir la alimentación en sus camas por su inmovilidad, lo que eleva el riesgo de atragantamientos".

Otras cuestiones necesarias, a juicio de la CIG, es "contar con comedores y salas de estar en todas las plantas, la modificación del acceso a la cafetería del centro para las personas que viven en la residencia, la necesidad de maquinaria en la enfermería, comedor, lavandería y cocina y la finalización de las obras en el comedor del cuarto piso".

Además, hacen especial hincapié en la problemática derivada de la "falta de valoración real del grado de dependencia de los usuarios, lo que hace que no tengamos un conocimiento real de la tipología de las personas que tenemos en el centro".

En lo que se refiere a las necesidades de personal, el comité considera prioritaria la contratación de dos personas para enfermería, cinco personas para auxiliares de enfermería y de un cocinero con la categoría a negociar.

Ante la falta de respuesta de la Xunta, el comité de empresa decidió iniciar una campaña de denuncia de la situación que comenzó con el envío de escritos a la Valedora do Pobo, Inspección de Trabajo, Fiscalía de Pontevedra, Diputación, Concello y a los cuatro grupos parlamentarios gallegos.