La Audiencia de Pontevedra aplazó esta mañana el juicio que tenía previsto sentar en el banquillo a un funcionario de la Subdelegación del Gobierno acusado de dos delitos de cohecho y falsificación en documento oficial. El fiscal pide una pena de cuatro años de prisión por cada uno de ellos (ocho años en total) además de la inhabilitación para cualquier empleo público también por espacio de ocho años.
El motivo de la suspensión fue la incomparencencia de tres testigos que se considera fundamentales para el caso por lo que la Audiencia procederá a comprobar si se citaron de forma adecuada y aplaza la vista hasta mediados del pasado mes de abril.
El acusado, F. J. M. B., supuestamente tramitó en la subdelegación varios expedientes de permisos de residencia en los que, sin que tuviera derecho a ello, exigió a las interesadas diversas cantidades. En concreto, a una de ellas le solicitó (según el fiscal) que le hiciese "un regalito" y esta le entregó 50 euros. En otro de los casos le aseguró que tenía que entregarle algo, a lo que esta entendió que era dinero, motivo por el que acudió a la Subdelegación portando 200 euros que no llegó a entregar porque le atendió otra funcionaria, algo que supuestamente le reprochó el acusado. A una tercera le solicitó 150 euros que le habría entregado en dos ocasiones, cien en la oficina y 50 restantes en la calle.
