Agentes de la Policía Nacional de Pontevedra desalojaron ayer a más de medio centenar de funcionarios de la administración de Justicia en la ciudad del Lérez que están en huelga y que se habían encerrado en una sala de vistas del edificio judicial de A Parda.

Los trabajadores en huelga atendieron el requerimiento realizado por los agentes de la Comisaría sin que se produjese ningún tipo de incidente, aunque abandonaron el edificio judicial entre cánticos y consignas en las que advertían a la Xunta de Galicia que no iban a dar "ni un paso atrás" y se vuelva a sentar a negociar. Fuera de la sede judicial continuaron con los cánticos.

Los trabajadores de la administración de Justicia en la ciudad iniciaron el encierro a última hora de la mañana, al término de la asamblea informativa que se celebró en los juzgados de A Parda. Con esta nueva protesta pretendían "presionar" a la Xunta para que vuelva a convocarlos a la mesa negociadora después de finalizar la reunión de ayer lunes sin acuerdo y tras comunicarles la administración autonómica que la de ayer sería "la última" oferta que trasladarían a los trabajadores.

El grupo de funcionarios encerrado en esta sala de vistas se fue haciendo más grande a medida que pasaba la tarde y algunos llegaron pertrechados con sacos de dormir y esterillas dado que manifestaban que estaban dispuestos a "pasar aquí la noche si es necesario". Los encierros se celebraron en las sedes judiciales de las siete grandes ciudades y en Pontevedra duró unas cinco horas y media antes de que se produjese su desalojo por orden, según indicaron los sindicatos, del presidente de la Audiencia Provincial y la juez decana.

Por la mañana se celebraron asambleas en las distintas sedes judiciales para informar de la reunión negociadora celebrada el lunes y que terminó con un nuevo fracaso. Los funcionarios acordaron que a lo largo de la mañana de hoy se celebrará una votación para decidir si se mantiene inamovible esa cifra innegociable que plantan para la subida salarial en torno a los 190 euros o se autoriza a los sindicatos a negociar con la Xunta por debajo de esta cantidad. Se anuncia que será una votación secreta y en urna.