La empresa Tuna Liner Corporation, a la que pertenece el buque atunero Templario I que está atracado en Marín desde el pasado 9 de diciembre, está indignada. La compañía panameña de capital vasco entiende que ha sufrido una persecución desde que el pasado 25 de noviembre de 2017, el Templario I salió del Puerto de Barranquilla dirección astilleros de Marín para llevar a cabo una reforma integral del buque.

El representante legal del armador, José Ramón Cuervo, pone el foco sobre la Administración Central. "Informó de que el Templario I llevaba 2.000 kilos de cocaína cuando era algo que no demostrado y cuya falsedad estaba acreditada por las inspecciones previas que se realizaron", expresa.

En este sentido, el abogado destaca que antes del inicio de aquel viaje, el barco fue inspeccionado por la DEA en Barranquilla, en un control en el que se buscaba presencia de sustancias estupefacientes para su introducción en España. Aquel control de narcóticos se realizó con caninos antidrogas y de forma "visual", tal y como deatalla el informe. Su resultado fue negativo y la nave zarpó el 25 de noviembre destino Marín.

Pero pocos días después, el 8 de diciembre, el CITCO de España (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) ordenó a Aduanas que una patrullera saliese al encuentro del Templario I para abordarlo ante la sospecha de que el buque podía transportar cocaína. Según explican desde Tuna Liner, esta petición se produjo por un aviso desde Francia del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico, conocido como MAOC-N.

Desde el país galo detectaron, supuestamente, que el Templario I apagó el servicio AIS (sistema automático de identificación) por satélite. "Galicia tiene varias estaciones de seguimiento y ninguna detectó nada raro", explica el abogado. Tuna va más allá: "La supuesta orden del CITCO no está en las diligencias de la causa. Tampoco el email de la MAOC-N. Y por supuesto, falta el informe negativo de la DEA en Barranquilla. No se justifica nada".

Pese a estos condicionantes, el 8 de diciembre, el servicio de Aduanas localizó el buque a 154 millas del puerto de Marín y lo abordó para inspeccionarlo ante la "total colaboración" del capitán y los once tripulantes de viaje, como destacan los informes. Ese control fue también negativo. Sin embargo, se le controló y acompañó en su llegada al puerto para evitar "un eventual trasvase previo de mercancía ilegal", como señala el documento de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera.

Una vez amarrado, se procedió a un tercer registro en Marín, en el que como destaca el Juzgado Local, "no se encontró nada de interés". "Esos días alguien informó de que el Templario I llevaba dos toneladas de coca", expone Cuervo.

Tras este tercer informe, nuevamente negativo, el Fiscal Especial Antidroga interpuso una querella contra el capitán y los tripulantes, ninguno de ellos españoles, por "entender que concurren suficientes indicios en la comisión de un delito contra la salud pública". "Habla de indicios cuando antes dice que a primera inspección superficial del barco resultó negativa. Además, no se tiene en cuenta el informe previo de la DEA. También se dice que el buque llevaba 600 kilos de atún y es falso. Iba vacío para su reparación", destaca Tuna Liner Corporation.

Posteriormente, el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella. "En un segundo auto destaca como indicios de delito lo que son simples sospechas infundadas, como el aviso de MAOC-N desde Francia, el corte del AIS, el trasvase de droga al mar, que uno de los tripulantes fuese investigado por tráfico de drogas en 1999 o la vinculación del buque con España", destaca el abogado, José Ramón Cuervo. "Son cuestiones falsas o que no vienen al caso", recalca.

Tras esta querella, entre el día 9 y el 17 de diciembre, "el Juzgado de Instrucción no practicó ninguna diligencia de investigación". Ya el 18, el fiscal pidió el sobreseimiento de la causa y el archivo del procedimiento abreviado. "El Juzgado de Instrucción estiró el plazo al límite de los 45 días. No fue hasta el 1 de febrero cuando dictó el auto de sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento", lamentan desde Tuna.

Asimismo, la empresa atunera criticó que el Juzgado Central de Intrucción no le permitiese personase por daños dado que "el resultado de las diligencias practicadas ha sido negativo, no existe ningún otro elemento en la investigación y si no hay delito, no hay perjudicado".

Actuación negligente

Desde la agrupación mercantil finalizan la exposición destacando que todas las sospechas previas sobre el Templario I son "patrañas" sin infundar y destacan que la administración española "desvió la responsabilidad a un órgano de vigilancia marítima ubicado en otro estado (MAOC de Francia) a modo de chivo expiatorio si el abordaje resultaba fallido". "Es una actuación negligente y dañosa", apuntan.Por último, la empresa atunera pone el origen de esta situación en el "celo" de algún funcionario de CITCO, COVAM, DAVA o SMGC por "obtener un reconocimiento" con "total desprecio del daño que podía causar a la armadora", que se siente "muy perjudicada en su honor e imagen".