El abogado de Miñanco trata de aplazar el juicio por blanqueo al recusar a dos magistrados

La defensa de Miñanco, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, formalizó ayer esta recusación que ya adelantó el martes al término de una primera sesión del juicio que se dedicó, en su totalidad, a dirimir las cuestiones previas que plantearon las partes. Entre ellas ya figuraba una petición de la defensa del capo para que estos dos magistrados se abstuvieran de formar parte del tribunal al entender que estaban "contaminados". El letrado que defiende al narcotraficante arousano argumenta esta tesis en el hecho de que ambos magistrados "tomaron conocimiento del fondo del asunto con anterioridad, formándose así un criterio propio sobre el mismo que impide la necesaria imparcialidad para forma parte de la sala de enjuciamiento". Este conocimiento previo sería la resolución de un recurso en el año 2011 sobre un conflicto de competencias planteado entre el juzgado de Cambados y el de Vilagarcía, que no se ponían de acuerdo sobre a cuál de los dos le correspondía instruir el caso.

El abogado ya obtuvo una respuesta contundente del Tribunal el martes en la propia sala. Tras la oportuna deliberación, los tres magistrados concluyeron que "no se aprecia ninguna contaminación subjetiva ni objetiva" de los dos magistrados que abordaron aquel recurso de competencia, dado que se limitaron a resolver "una mera discrepancia entre los juzgados" y no se hizo "una valoración del material probatorio existente en una causa "que ni siquiera fue remitida al tribunal".

Pocas expectativas

Según el letrado, esta decisión es la que le ha llevado a solicitar la recusación que ahora la propia Sección Segunda de la Audiencia deberá decidir si admite o no a trámite antes de continuar con el juicio. El propio abogado reconocía el martes que tiene pocas esperanzas de que el Tribunal se avenga ahora a aceptar una argumentación que ya echó por tierra en la primera sesión del juicio, por lo que la vista oral continuaría en la jornada de hoy como está previsto con la declaración de los cinco acusados de blanqueo, además del propio Sito Miñanco, su hija, su exesposa, su cuñada y un empresario al que se le acusa de ser su testaferro.

Con todo, en el escrito en el que el abogado Gonzalo Boye solicita la recusación de estos dos magistrados insiste en que aquella resolución del año 2011 en la que ambos jueces tomaron partes "afectaba, claramente, a parte esencial del presente procedimiento y, por lo tanto, los mencionados magistrados tomaron conocimiento previo de las actuaciones formándose un criterio propio sobre el objeto del litigio". Aseguran que no solo se entró "a valorar la competencia territorial" sino que la Sala "entró a conocer sobre el fondo del asunto formándose una idea preconcebida sobre lo sucedido con la consecuencia pérdida de imparcialidad".

A este hecho, el abogado del narcotraficante arousano une lo que, según él, sucedió en la primera sesión del juicio y que fue que el presidente del tribunal "se negó a identificar a los magistrados que componen la Sala", algo que para el letrado "evidencia" la "sospecha sobre la falta de imparcialidad.

Para la defensa de Miñanco, los magistrados habrían incurrido en una segunda causa de revocación al aceptar la práctica de diferentes pruebas planteadas por el Ministerio Fiscal "de forma sorpresiva" con una nueva pericial y documental que, a juicio del letrado, generan "indefensión" para los procesados.

José Ramón Prado Bugallo y los otros cinco acusados se enfrentan a una petición de pena por parte del Ministerio Fiscal de seis años de prisión, así como a una multa de diez millones de euros y al comiso de más de medio centenar de propiedades (fincas rústicas, urbanizables, viviendas y naves) ubicadas en la comarca de O Salnés y Pontevedra. Además, solicita el cierre de la inmobiliaria San Saturnino, propiedad de su exesposa, y que según el Fiscal fue uno de los instrumentos que utilizó Miñanco para blanquear los beneficios que obtuvo del tráfico de cocaína.

En su solicitud de recusación de los dos magistrados de la Audiencia, el abogado de Sito Miñanco insiste también en señalar que se produjo "indefensión" a su cliente debido a la actuación de la dirección del Centro Penitenciario de A Lama y a las supuestas restricciones para reunirse con un letrado de cara a la preparación de este juicio. "La Sala se ha decantado por decir que ninguna indefensión causaba tales hechos y, además, que el Letrado que suscribe tuvo ocasión de entrevistarse con mi defendido en los calabozos" de la propia Audiencia Provincial. Se pregunta si realmente la Sala entiende "¿que una entrevista en los calabozos de la propia Audiencia sirve a los efectos de garantizar el derecho de defensa y que ahí, en ese escaso tiempo, se puede preparar un juicio con garantías?".

Como ya dijo el martes en el juicio, el abogado insiste en que "se deben juzgar unos hechos y no los antecedentes penales de una persona y hoy, (por el martes) más si cabía, ha quedado reflejado que existen, en términos jurídicos, unos prejuicios en contra de mi mandante que, dicho en estrictos términos de defensa y con los mayores respetos, hacen inviable sostener que aún se conserva la imparcialidad por parte de los magistrados aquí recusados".

El letrado hace hincapié en el supuesto "interés" del Tribunal para celebrar el juicio "incluso a costa de los derechos fundamentales" mientras que en la Fiscalía no ven otra cosa más que una maniobra dilatoria más para intentar suspender el juicio o sembrar dudas sobre la instrucción de la causa.