El Pazo da Cultura acoge desde ayer el primer congreso jurídico sobre los derechos de las personas con discapacidad y dependencia, un encuentro en el que toma parte el fiscal delegado de discapacidad para Galicia, Santiago Miguel Cruces, uno de los profesionales que incide en la importancia de que la administración incremente los recursos para atender a estas realidades crecientes.
- ¿Cómo es la intervención de un fiscal en materia de discapacidad?
-Nosotros lo que ejercemos es, en un principio, la protección de los derechos de las personas con discapacidad, principalmente en los procedimientos en los que requieran algún tipo de apoyo, por ejemplo que exijan el nombramiento de un tutor, o de un curador, o cualquier otro tipo de apoyo. También llevamos a cabo el control de todos los ingresos que se producen de forma involuntaria.
- ¿Qué tipos de ingresos?
-Por ejemplo ingresos en residencias de ancianos de personas que no tienen capacidad para decidir o los ingresos psiquiátricos, que también se controlan por parte de la Fiscalía. Y se lleva a cabo asimismo el control de los tutores, que están obligados a rendir cuentas anualmente ante los juzgados.
- ¿Intervienen los fiscales en muchos casos?
-En materia de discapacidad en todos, en todos los casos que haya implicado un incapaz el fiscal es parte obligada por la ley y tiene una función primordial en el inicio de los procedimientos de la antes llamada incapacitación.
- ¿Cuántos casos atienden en Pontevedra?
-Si nos centramos en la Fiscalía de Pontevedra las demandas de incapacitación presentadas por el fiscal en esa zona, y estoy hablando de memoria, son en torno a 200 anuales, solo en esa zona de la Fiscalía de Pontevedra. Y los procedimientos de tutela en esa misma zona, que tengamos registrados, están en torno a 1.000 o un poco más, al año.
- Deduzco que la incapacidad por enfermedad mental supone retos particulares ¿obligatoriamente, por ejemplo, estos pacientes han de medicarse?
-El problema va más allá, no es solo si obligatoriamente tienen o no que medicarse sino si la administración sanitaria tiene recursos y tiene disposición para hacer que esas personas se mediquen de forma obligatoria. Le pongo un ejemplo concreto: si una persona tiene un trastorno mental, una esquizofrenia, y tiene que ponerse un inyectable cada 15 días yo puedo llegar al juzgado y pedir que se obligue a esa persona a ponerse el inyectable, lo que no voy a hacer es que vaya la Guardia Civil a su casa a buscarlo, porque eso atenta contra dignidad de la persona. Pero para la administración sanitaria tiene que decirme qué medico va a realizar eso, cómo se va a trasladar al enfermo, qué medicamento se le va a administrar y que sea valorado por un médico forense y autorizado por el juzgado. Y ese el problema que tenemos, que no está habiendo recursos por parte de la administración para dar una respuesta legal a determinados supuestos.
- ¿Aumentan este tipo de casos, por ejemplo derivados del envejecimiento poblacional?
-El incremento es continuo, y sobre todo lo que nos encontramos es un cambio social, por el envejecimiento y porque los familiares ahora no están en condiciones, ya no pueden atender a las personas con discapacidad, probablemente por los nuevos contratos, las nuevas jornadas y condiciones de trabajo que hacen muy difícil esa atención. Como resultado existe una mayor demanda de recursos asistenciales y ahí si que se están planteando muchos problemas en cuanto al retraso en la asignación de esos recursos, que corresponde a la administración pública y que nosotros solo intervenimos en el caso de que sea necesario suplir la capacidad de esa persona.
- Si una persona no puede ser atendida por su entorno ¿quién se hace cargo de ella?
-Tiene que hacerse cargo la administración, es la que tiene que otorgar el recurso adecuado, bien el ingreso en un centro asistencial, bien la atención domiciliaria, y solo en el caso de que esa persona no sea capaz de decidir por si misma si quiere o no ese recurso será cuando intervengan la fiscalía y los juzgados.
- El congreso en el que participa se centra en la puesta en valor de la intervención del letrado en materia de discapacidad y dependencia ¿es necesario reivindicar este papel?
-Creo que si, porque el Ministerio Fiscal realiza una función muy importante en la defensa y los fiscales han sido primordiales en la defensa de las personas con discapacidad en el ámbito de la administración de justicia; sin embargo para que sean efectivos los derechos de estas personas, los intereses concretos de esas personas con discapacidad, no solo tiene que haber una posición institucional por parte del Ministerio Fiscal, sino que también tiene que haber una defensa de los intereses particulares de esas personas, y por tanto debemos acudir a un criterio especializado, la Fiscalía ya se especializó pero los letrados también deben hacerlo y entrar en el procedimiento para defender los intereses particulares de cada caso concreto.
