Según los datos de la APLU, en la actualidad esta agencia mantiene vigentes en Vilaboa 30 expedientes de reposición de la legalidad urbanística, de los cuales 16 se refieren a construcciones en suelo rústico y las restantes 14 están en zona de servidumbre de protección, "en la que el urbanismo se rige por la normativa estatal de costas", por lo que la incidencia de un nuevo PXOM no sería elevada. "Algunos de estos procedimientos afectan a la residencia habitual de los propietarios, pero también hay otros que afectan la segundas residencias, estructuras abandonadas o ampliación de naves industriales", añade.
A juicio de la Xunta "la cifra de expedientes tramitados en Vilaboa es absolutamente normal para un municipio de estas características, considerando que está voluntariamente adherido a la agencia desde el año 2010 y que tiene además parte de su territorio afectado por la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Asimismo, porcentualmente tampoco llama la atención habida cuenta también de que el año pasado, en el conjunto de la comunidad a APLU abrió un total de 438 expedientes de reposición de la legalidad urbanística".
