Todo hace indicar que el funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra acusado de obtener sobornos a cambio de la concesión de permisos de residencia se sentará en el banquillo de los acusados como autor de los posibles delitos de cohecho y falsedad por los que le acusa el fiscal.
Y es que la Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de desestimar el recurso interpuesto por la defensa de esta persona en la que recurría el auto del juzgado de instrucción que acordaba la transformación de las diligencias de investigación en un procedimiento abreviado alegando falta de motivación e inexistencia de indicios para su procesamiento. Reclamaba así el archivo de las actuaciones.
Sin embargo, la Audiencia considera que de las diligencias practicadas, incluida la testifical, "se desprenden indicios de que el investigado/recurrente, funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, tramité en el año 2016 cuatro expedientes de solicitud de residencia de larga duración de cuatro mujeres a las qu solicitó la entrega de cantidades de dinero que le fueron realizadas" y además, habría alterado la fecha de entrada de solicitud de una de ellas para hacer así que no hubiera vencido la vigencia de la anterior autorización. Unos hechos que "indiciariamente y sin prejuzgar, podrían constituir los delitos" investigados. El fiscal solicita una pena de ocho años de cárcel y 13 de inhabilitación para esta persona que, según el Ministerio Público, habría recibido apenas 200 euros por estos hechos (150 de una mujer y 50 de otra).
