Una concurrida asamblea en el colegio de Riomaior reunió ayer a numerosos vecinos afectados por la interminable tramitación del Plan Xeral de Vilaboa, muchos de ellos con multas impuestas por la administración (tanto por Costas como por la APLU) y con expedientes urbanísticos abiertos de reposición de la legalidad por la situación de sus viviendas. Un encuentro que convocó la plataforma Salvemos Vilaboa a raíz del incremento en las últimas semanas del número de sanciones que han llegado a los vecinos con casas en situación irregular.

Una reunión que se convocó al constatar este incremento de las sanciones (así como la citación a juicio a finales de este mes de una vecina de A Graña a quien el fiscal pide dos años de cárcel), después de un tiempo en el que reconocen que la administración había aletargado estos expedientes abiertos, después de las movilizaciones de los vecinos. Uno de los objetivos de la plataforma era consensuar con los vecinos qué respuesta daban a la reactivación de estas multas y expedientes y la decisión ha sido retomar las movilizaciones: "es la única manera de visibilizar esta problemática tan grande que afecta a decenas de vecinos en el municipio".

Esta vuelta a las protestas se hará de manera gradual. El primer paso se remitirá un escrito a todas las administraciones implicadas (Xunta, Concello y Costas) para pedir agilidad en los trámites pendientes del PXOM, dado que el propio concejal de Medio Ambiente de Vilaboa, Francisco Costa, reconoció que "el 90% de las viviendas afectadas" quedarían legalizadas con el nuevo planeamiento.

Costa disculpó la ausencia del alcalde, que no pudo asistir al encontrarse enfermo, pero hizo un resumen de la situación en la que se encuentra actualmente la tramitación del PXOM. Tras asumir también la parte de culpa que puede tener el Concello en que todavía no esté aprobado el Plan Xeral tras quince años a vueltas con este documento; recordó que en mayo de 2017 la Xunta rechazó el documento aprobado inicialmente por el Pleno y que pidió al Concello una serie de correcciones. Realizadas estas, y con un cambio de la empresa redactora por el medio ante la posibilidad de quiebra de la anterior, el documento sigue sin contar con el visto bueno del gobierno autonómico, ahora por las exigencias de Augas de Galicia, que pedía que se justificase el abastecimiento de agua de las viviendas existentes además de las previstas en el plan.

A finales del pasado año se remitió esta información, pero para Augas no fue suficiente y reclama más información con la planimetría de las traídas de cada núcleo y la geolocalización de pozos y manantiales. El Concello está trabajando a la carrera para reunir esta información, en una labor que está siendo realmente compleja.

Confía en que en cuestión "de dos meses" pudieran haber reunido la información que solicita Augas pero reconoce dificultades con algunas traídas que no están legalizadas. Aún así, es posible que puedan justificar igualmente todo el abastecimiento del municipio, pero Francisco Costa es sincero y reconoce que, una vez realizado este arduo trabajo, "nada nos garantiza que, esta vez sí, el PXOM vaya a ser aprobado". Con todo, insistió en que empeño por parte del Concello no va a faltar.

Agilizar trámites

Ante esta situación, los vecinos decidieron ayer retomar las protestas para insistir tanto al propio Concello, como a la Xunta y también a Costas, en que agilicen los trámites del PXOM y a que congelen la tramitación de unos expedientes urbanísticos sobre unas viviendas que estarán legalizadas en cuando se apruebe el plan urbanístico. "Lo que no tendría sentido -explicaba ayer un vecino al inicio de la reunión- es que me derribasen la casa y al poco tiempo me dieran el permiso para hacer una", por lo que piden que se aplique "el sentido común".

Los afectados quieren también visibilizar la sangría económica que esta situación está suponiendo para muchas familias de la zona con multas económicas "de muy elevada cuantía". Una vecina explicaba ayer que solo en la zona de Postemirón sumó sanciones por valor de 30.000 euros en las últimas semanas a las personas con las que consultó y sabe que han recibido nuevas multas.

El segundo paso en sus movilizaciones será respaldar el próximo 21 de febrero a la vecina para quien el fiscal solicita cárcel y el derribo de su vivienda y no descartan más adelante convocar alguna manifestación.