La mayor parte de las altas incluidas hasta ahora en Galicia se centran en el rural, si bien en inmuebles con catalogación urbana. Se persiguen sobre todo piscinas, garajes, ampliaciones y otras obras no dadas de alta y detectadas en muchos casos mediante imágenes aéreas.
El ministerio niega que se trate de una revisión y habla, por contra de un "plan de lucha contra el fraude". Fuentes oficiales de Hacienda explican que se trata de "cotejar las construcciones que no están reflejadas en el Catastro" y se analizan las edificaciones rústicas porque "es una obligación desde 2008 valorar esas construcciones", que se incorporan a la relación catastral a medida que se realizan revisiones.
Con su inclusión, los propietarios verán aumentada su cuota, si bien Hacienda aclara que las arcas del Estado no registrarán un aumento de recaudación y cada concello puede decidir el coeficiente que aplica, e incluso bonificaciones.
La Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda explica que "la regularización catastral es uno de los procedimientos de incorporación al Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles urbanos y rústicos con construcción, así como de las alteraciones de sus características, en supuestos de incumplimiento de la obligación de declarar de forma completa y correcta las circunstancias determinantes de un alta o modificación catastral. Su finalidad es garantizar la adecuada concordancia de la descripción catastral de los bienes inmuebles con la realidad".
Aunque hay una gran variedad según los municipios, en el caso de la comarca de Pontevedra los casos donde se detectan más infracciones son las ampliaciones y rehabilitaciones, con más de la mitad de los casos. Después aparecen las nuevas construcciones no dadas de alta (un 24,5% aproximadamente) y después las reformas y cambios de uso, con un 21% de los casos. Las piscinas, uno de los elementos que se suelen ejecutar sin incorporarse al Catastro, solo suponen, en los municipios ya revisados, el 3% de todas las regularizaciones.
