El responsable del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil en Galicia explicó ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que juzga a dos guardias civiles por filtrar información secreta a narcos, que para confirmar las sospechas sobre estos agentes se creó una operación ficticia, de la que uno de los acusados extrajo datos de forma inmediata y a pesar de que se encontraba de baja médica. Hasta ese momento, los indicios que el grupo tenía de que alguien podría estar pasando información sobre las investigaciones en curso procedían "de la calle" y "no lo podíamos creer", indicó el responsable de ECO Galicia.

Se sientan en el banquillo los guardias civiles Javier L. S. y Diego F. C., "amigos desde la Academia" -como apuntó uno de ellos durante el juicio-, además de quien supuestamente actuaba de enlace entre ellos y los narcos, y que el jefe de ECO señaló varias veces durante la vista como alguien "que ha estado investigado en multitud de ocasiones y tiene vinculaciones con el narcotráfico". Los agentes se enfrentan a una petición de pena de once años y medio de prisión y el supuesto enlace del narco, a 7 años de cárcel.

Filtraciones

La declaración del jefe de ECO Galicia centró la segunda sesión del juicio que se celebra en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial contra los dos agentes de la Guardia Civil y su presunto enlace, acusados de filtración de información sensible y confidencial. A lo largo de su comparecencia, de casi cuatro horas, este mando de la Guardia Civil desbarató los alegatos esgrimidos por los acusados en sus declaraciones del día anterior.

El jefe de ECO Galicia explicó que tras las sospechas iniciales, creó en un grupo de comunicación que compartían los 20 miembros de la unidad la llamada "Operación Aluminio", supuestamente dirigida contra el tercer acusado, en la que de forma inmediata uno de los agentes "robó" información a pesar de encontrarse de baja laboral. Esta operación ficticia se generó -explicó el jefe de ECO- con el objetivo de comprobar la trazabilidad de la información disponible para el grupo.

Este responsable del Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil subrayó que la actuación de los "topos" puso en peligro no solo las operaciones en marcha sino incluso la vida de confidentes al filtrar esta información.

Con sus aportaciones al tribunal, este mando del Instituto Armado desmontó la estrategia defensiva de los acusados al desvelar que ningún agente tenía un acceso de forma individualizada al grueso de los informes que figuraban en sus propios archivos o en los del sargento del grupo, al margen de que los acusados realizaban tareas operativas, o "de calle", y no administrativa, para lo que necesitaban los expedientes "copiados".

"No era normal que figurase en su poder tal cantidad de información", explicó el responsable de ECO Galicia al tribunal en alusión al procesado Javier L., que era su subordinado en esta unidad especializada en el momento en el que supuestamente realizaba esa segunda actividad como "chivato" de los narcos.

Actitud sospechosa

En la explicación de los hechos denunciados, reveló que en una ocasión salieron todos los componentes del equipo a tomar un café excepto Javier L. y, cuando regresaron a las oficinas, unos compañeros le vieron "en actitud sospechosa" en un ordenador que estaba lejos de su puesto de trabajo y con un pen drive que retiró en ese momento. Acudieron a ese ordenador y al repasar el historial comprobaron que había consultado información sobre diligencias en marcha.

Fue entonces cuando decidieron montar una operación ficticia, a la que denominaron "Aluminio" y que se centraba en el tercer acusado en esta causa, Juan Carlos S., con antecedentes policiales por narcotráfico pero nunca condenado por esta actividad.

Javier L., que estaba de baja laboral, aprovechó una visita al médico de la comandancia para acudir a estas oficinas de ECO. Ese día fue detenido con un pen drive en su poder que contenía numerosa información extraída sin permiso de los ordenadores de su unidad, entre ellos, la relativa a esa operación ficticia, pero también fichas personales de fuentes de ECO, datos de vehículos policiales y fichas personales de sus compañeros.

De esa información, 2.000 archivos fueron localizados en posesión del otro guardia acusado, Diego F., destinado en la Policía Judicial y 500 en manos de Juan Carlos S.

Está previsto que el juicio continúe hoy, si bien está convocada una jornada de huelga por parte de los trabajadores de la Administración de Justicia.

El jefe de ECO Galicia indicó durante su comparecencia que hasta la detención por este asunto mantenía una buena relación con el acusado Javier L. S. y que no se podía creer que fuese el responsable de unas informaciones, que le llegaron "de la calle", sobre supuestas filtraciones de datos. "Al principio nos constaba creerlo", apuntó el responsable de la unidad de Crimen Organizado. A continuación expuso episodios concretos en los que las acusaciones iniciales iban adquiriendo credibilidad, como cuando lo enviaron a identificar y registrar a un supuesto narcotraficante que estaba perfectamente vigilado y localizado en Verín y la operación fracasó porque el agente aseguró que el sospechoso se fugó.

También explicó que fuentes externas del cuerpo les había comentado el contenido de informes que aún no estaban judicializados, por lo que solo personas de dentro de la unidad de ECO podían conocer. Fue en ese momento cuando se informó a los mandos superiores en Madrid y se inició la operación ficticia.