La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra reserva cuatro días para el primero de los grandes juicios vinculados al narcotráfico de este año. Se trata de la vista oral contra dos guardias civiles acusados de difundir información clasificada y secreta a organizaciones vinculadas al narcotráfico para advertirles así de las operaciones e investigaciones que se realizaban contra ellas. El juicio se iba a celebrar en octubre pero tuvo que ser aplazado.

En el banquillo de los acusdos se sentará Javier L. P., quien estaba destinado en el Equipo contra el Crimen Organizado ECO-Galicia, y Diego F. C., de la Sección de Patrimonio de la Unidad de Policía Judicial, una unidad que compartía dependencias con el Equipo de Drogas y Crimen Organizado.

La Fiscalía Antidroga pide para cada uno de ellos 11 años y medio de prisión. El Ministerio Público también formula acusación contra un supuesto enlace entre los dos agentes y los grupos de narcotraficantes, un vecino de Vilanova, Juan Carlos S. N., para quien el fiscal pide siete años.

Según el escrito del fiscal, se cree que la información facilitada por los agentes pudo frustrar la ejecución de un total de cinco investigaciones antidroga, además de difundir información sobre los propios agentes de la UCO-Galicia o de coches camuflados de la Guardia Civil.