El estado de los embalses de Eiras y Zamáns es tranquilizador. Al menos a corto plazo. Ambas presas superan el 80% de ocupación, tal y como muestra el último informe de la Consellería de Medio Ambiente remitido ayer mismo. A pesar de su recuperación, el gobierno del Concello de Vigo sigue exigiendo la ejecución de la conducción de emergencia desde el Verdugo comprometida por la Xunta de Galicia. "Les sigo demandando que empiecen la obra para darle agua a Vigo, Soutomaior, Redondela, Moaña, Cangas, Nigrán, Gondomar, Mos, Porriño y Salceda", señaló el alcalde Abel Caballero, que apuntó que "es su obligación hacerlo por la vía de emergencia".
El alcalde vigués se cuestionó qué pasará si el próximo otoño vuelve a ser tan seco como el del último año. "¿Quién va a responder ante 450.000 personas? ¿Quién va a responder ante la industria de la ciudad? ¿Quién va a responder por toda la economía de la ciudad? Es una obligación del Gobierno gallego", sentenció Caballero.
Oposición
Por otro lado, PP y Marea de Vigo amenazaron con llevar a los juzgados "las trampas" en los resultados de los análisis de la calidad del agua en la red de abastecimiento de la urbe.
La portavoz popular, Elena Muñoz, resaltó que es un tema que "trasciende a la política y que el gobierno municipal quiere ocultar". Muñoz destacó que agotarán la vía administrativa -aseguró que en el último mes han enviado una docena de escritos a Praza do Rei y a la concesionaria para conseguir las analíticas que realiza Aqualia y conocer los métodos que emplea para el estudio del agua. "No descartamos en absoluto acudir a la vía judicial", confirmó Muñoz.
Marea de Vigo también instó al Concello a que ofrezca "explicaciones políticas" a las purgas realizadas en Canido para evitar que la formación lleve el conflicto a los juzgados. "Es falso que estas acciones sean algo normal y habitual, son medidas correctoras que se hacen cuando la red es muy antigua o cuando hay averías y problemas", sentenció su portavoz Rubén Pérez.
Responsabilidad
En este sentido recordó que esta situación es responsabilidad de los últimos gobiernos locales por no exigir a a concesionaria que actuase sobre la red para garantizar las buenas condiciones de la misma. "No pasa nada si dan mal unos parámetros en los análisis, lo grave es ocultarlo", sentenció Rubén Pérez.
