La aplicación de la ordenanza se retomó nueve meses después de su paralización, tras una exposición al público en la que no se presentó ninguna alegación. También fue necesario modificar el régimen sancionador para adecuarlo a lo que establece la Lei do Solo de Galicia y su reglamento, así como retocar la exigencia del certificado de eficiencia energética, que desde este verano queda al margen de la inspección.
En 2016 estaban llamados a presentar este documento técnico ante los servicios de disciplina urbanística del Concello un total de 247 edificios, pero desde el verano disponen de dos años más. En cambio, en 2015 estaban obligados a superar esta inspección un total de 295 inmuebles levantados antes de 1943, que no dispusieron de esa moratoria. Para el año 2017 eran 426.
Al tratarse de inspecciones que afectan a edificios de 50 años o más, el centro histórico se convirtió en el principal foco de estas revisiones, con el 60% de los 721 casos de estos dos primeros años, si bien en el rural se localizaba un 20%, una cifra significativa si se tiene en cuenta que en las parroquias son muy habituales las viviendas unifamiliares, que no están sujetas a estos primeros plazos de inspección.
Además, la ordenanza municipal establecía la obligación de presentar en el Concello un certificado, elaborado por los técnicos contratados por cada propietario, que garantice que cada edificio cumple las exigencias. En caso contrario, habría que corregir las deficiencias. Asimismo, ese certificado tendría que renovarse cada diez años.
