La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), incrementó a lo largo de 2017 su actividad inspectora y las órdenes de derribo ejecutadas de edificaciones ilegales en la comarca y el balance provisional de esta entidad de la Xunta ya tiene certificadas veinte demoliciones, realizadas en diez municipios. Las cifras aún pueden aumentar una vez que se completa el resumen definitivo del año, que suele incluir más intervenciones de las que se publican en la página web de la agencia. Aún así, 2017 supera los datos del año anterior, cuando la "piqueta" de la Xunta visitó nueve municipios en 18 ocasiones.
Si en 2016 fueron Sanxenxo, Marín, Poio, Vilaboa, Cuntis, Moraña, Ponte Caldelas, Caldas y A Lama los concellos con algún expediente de este tipo, en esta ocasión se caen por el momento de la lista los dos últimos, y entran los de Pontevedra, Barro y Portas, hasta un total de diez.
Las demoliciones afectaron a todo tipo de instalaciones, como casetas prefabricadas, caravanas, edificaciones residenciales completas, a medio edificar o solo en estructura e incluso un quiosco de playa o algunos galpones. Las veinte actuaciones ya certificadas en la comarca suponen un tercio de las sesenta de toda la provincia, mientras que en Galicia ya se ha informado de unas 130.
Por municipios
Como es habitual, Sanxenxo encabeza un año más el listado. En 2016 hubo seis demoliciones y e el ejercicio que acaba de concluir se realizaron al menos cinco, a la espera del balance definitivo. Fue precisamente en este municipio donde comenzó la actividad de la APLU en la comarca, con la retirada en febrero de una caseta prefabricada. Se regresó en junio, con dos derribos de otras tantas construcciones para uso residencial. En septiembre se eliminó un establecimiento expendedor de comidas y bebidas en suelo de servidumbre marítimo-terrestre, así como dos casetas ilegales.
Vilaboa, un municipio donde se han producido varias protestas vecinales por las amenazas de demolición y la falta de un Plan de Urbanismo que permita legalizar algunas, aparece en segundo lugar, con tres actuaciones de la APLU. La primera de ellas fue en febrero, con la retirada de una caravana sobre una techumbre en servidumbre marítimo terrestre, mientras que en junio se eliminó una estructura de hormigón en suelo no urbanizable de protección especial, La última actuación hasta ahora en este municipio fue en noviembre y afectó a una edificación de una planta levantada en suelo no urbanizable de núcleo rural existente tradicional.
Después de que en 2016 no hubiera actuación alguna en Pontevedra, la capital sí regresó el pasado año a este listado con dos derribos certificados hasta el momento. Uno fue en mayo my el otro en julio, ambos para eliminar inmuebles en suelo no urbanizable. En lo que se refiere a las siete grandes ciudades gallegas, Ferrol registró al menos cuatro demoliciones el pasado año, provisionalmente, por delante de las dos de Pontevedra, que supera a Lugo, Ourense y Vigo (un derribo en cada caso). A Coruña y Santiago están, hasta ahora, a cero.
También hubo dos "visitas" a Marín. En junio se desmontó una caseta prefabricada y una caravana en suelo rústico de especial protección y en septiembre una edificación en terrenos rústico de protección de aguas.
Barro y Cuntis también figura dos veces en cada caso en el balance provisional. En el primer municipio se derribaron inmuebles de uso residencial en julio y septiembre y en Cuntis se actuó en marzo y abril contra una edificación residencial con otra auxiliar y contra una vivienda, todas en suelo no urbanizable de protección agrícola.
En Poio fue demolida una caseta prefabricada en suelo rústico y en Portas unas dependencias de uso residencial, mientras que en Moraña fueron cinco pequeñas edificaciones en una única actuación.
Ponte Caldelas cierra, por el momento, este resumen provisional de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística con un derribo en noviembre pasado de una vivienda prefabricada en suelo no urbanizable sin especial protección.
Aunque la actividad de la Axencia es intensa, y cada año con más actuaciones, sus estadísticas señalan que en el 90% de los casos, estas tareas de demolición son asumidas voluntariamente por los propios infractores, con lo que evitan un proceso de ejecución subsidiaria encargada por la propia APLU y que después carga sobre los propietarios.
