Bomberos de los cuatro parques comarcales que gestiona la empresa Matinsa en la provincia (Vilagarcía de Arousa, O Porriño, Bueu y Ribadumia) se manifestaron ayer por calles de Pontevedra para exigir a la Diputación que rescinda el actual contrato con la firma, ante los incumplimientos con el personal.

Los trabajadores protagonizaron una manifestación en la que emplearon botes de humo, petardos y bocinas para hacer público un rechazo "frontal" a que el servicio de extinción de incendios y salvamento de Pontevedra "siga en manos privadas" o, a menos, que no lo gestione una empresa que lo atiende de una manera "deficiente".

Tras la protesta acudieron al pleno de la corporación provincial, en donde el diputado de la coalición SON Marea, Xosé Lois Jácome, presentó una moción en la que denunciaba esta situación y reclamaba una auditoría externa del servicio que está prestando la empresa privada. Si se comprobase que, como denuncian los trabajadores, Matinsa no cumple con lo establecido en las bases del convenio, la Diputación debería -según la moción-, abrir un expediente para rescindir el contrato actual.

El comité de empresa asegura que, entre otras irregularidades, no cuentan con los equipos de protección básicos para desempeñar su actividad, hay vehículos que llevan meses averiados, los materiales defectuosos no se reponen, no se cubren las bajas de personal y las brigadas "están siempre al mínimo".

La moción fue rechazada por el gobierno provincial, formado por BNG y PSOE, ya que según el vicepresidente de la Diputación, César Mosquera, la rescisión de este contrato, firmado por el anterior gobierno del PP, conllevaría indemnizaciones y no se podría garantizar el futuro del actual personal de los parques.

Además indicó que los funcionarios de la Diputación ya "auditan" el cumplimiento de los contratos de la institución y que encargar un informe privado sería desautorizar a los funcionarios públicos.

El socialista Carlos López Font añadió que la Diputación controla de forma "exhaustiva" a todas las empresas que realizan servicios públicos y afirmó que "no hay informes negativos" sobre Matinsa.

En todo caso, los portavoces del gobierno provincial recordaron que la actual concesión procede del anterior gobierno provincial (PP) y la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, añadió que este contrato heredado del anterior ejecutivo estará en vigor hasta el año 2021, tras lo que se podrá reformular el modelo de gestión para hacerlo depender directamente de la institución pública.

Antes, el portavoz del grupo popular Ángel Moldes llegó a acusar al gobierno provincial de "no haber hecho nada para mejorar" la gestión del servicio y de no haber sido capaz de "presentar un proyecto distinto" al suyo.