El gobierno municipal de Pontevedra acordó trasladar a la Xunta y al Ministerio de Fomento su oposición a la subida de los peajes de la AP-9, por tratarse de "un abuso para los usuarios de la autopista, que en los últimos siete años abonan un incremento del 36%, a los que habrá que sumar el 3,81% previsto para 2018".
El texto aprobado ayer expone que desde el 2010 los peajes de la AP-9 aumentaron más de un 36%, mientras que el IPC subió un 9,8%. Estos incrementos "vienen avalados por las convenios firmados con el gobierno del Estado en el año 2011 y en el 2013 , e incluso le garantizan a Audasa subidas extraordinarias en 2018". Estas subidas "injustas y abusivas, junto con el incremento del IPC hacen que sea probable que el Gobierno autorice un incremento de un 3,81% a partir del 1 de enero de 2018".
Siguiendo el texto del acuerdo, "las cifras son inaceptables para las personas usuarias de la vía que vertebra el país y que condiciona los servicios logísticos y de transporte de todas las empresas gallegas, haciendo que sean las personas que emplean la autopista quien asuman un coste excesivo de unos precios exagerados, mientras la empresa sigue siendo beneficiaria en privilegios fiscales y dividendos multimillonarios".
Por tanto, la xunta de goberno local de Pontevedra ha acordado manifestar "su oposición la subida de los peajes de la AP-9" y "trasladar este acuerdo a la Xunta de Galicia y el Ministerio de Fomento".
Este pronunciamiento llega el día anterior a la asamblea abierta de cargos públicos convocada por el BNG y que se celebra hoy en Pontevedra, con la portavoz Ana Pontón al frente. Se trata de responsables políticos locales y municipales, del Parlamento, diputaciones y concellos afectados para pedir la sustitución del incremento de los peajes de 2018 por descuentos y bonificaciones, levantar el veto a la transferencia y demandar que Audasa o el Estado asuman el coste de las obras de ampliación.
