El Concello de Pontevedra acudirá a los tribunales para recurrir la autorización ambiental integrada (AAI) otorgada por la Consellería de Medio Ambiente a Electroquímica del Noroeste (Elnosa). Los servicios jurídicos municipales estudian si ir directamente al contencioso o antes agotar la vía administrativa que, hasta la fecha, no ha obtenido respuesta alguna en la Xunta. En todo caso la concejala de Disciplina Urbanística, Carme da Silva, afirmó ayer de que el Concello "utilizará todos los instrumentos legales" para evitar que la clorera consolide su actividad en el emplazamiento actual.
Da Silva también criticó que la decisión de la Xunta de autorizar la continuidad de la fábrica de cloro es meramente política, en beneficio de una empresa foránea, "que condena a una situación de peligro a miles de personas que viven en su entorno". La edila apuntó que "en ningún lugar de Europa se permitiría" una planta de este tipo de un área urbana.
La resolución de la Consellería de Medio Ambiente por la que ha concedido la autorización ambiental integrada a Elnosa se ha hecho pública pero el Concello de Pontevedra no la ha recibido. En todo caso la teniente de alcalde recordó que esta AAI no permite hacer obras para iniciar el proyecto de reconversión en la planta y que éstas requerirán autorización de Costas y también del propio Concello.
Camiones
En cuanto a los trabajos de renovación de la actividad, la edila pregunta "por dónde prevén pasar esos camiones" con los que se pretende trasladar cloro hasta la planta para fabricar hipoclorito, o acometer la retirada de la totalidad del mercurio almacenado en la factoría.
Un año de trabajo y más de 1,3 millones de euros de inversión son los parámetros básicos del plan presentado por Elnosa a la Xunta para retirar el mercurio almacenado (en el primer mes) y eliminar ese producto de su sistema de fabricación de cloro en Lourizán cuando solicitó la renovación de la AAI. El plan establecía una actuación en dos fases: una primera de eliminación del mercurio de su planta de Lourizán, por más de 1,3 millones y que estaría lista en noviembre de 2018, y una segunda, para implantar la tecnología de membrana, con una inversión que podría superar los 30 millones de euros hasta junio de 2020. Sin embargo, esta segunda etapa aún está en el aire hasta recibir la prórroga de Costas.
La autorización "es una revisión de carácter político, concedida por el Partido Popular a Elnosa, una empresa de fuera y utilizando a 60 trabajadores como chantaje para cuestionar la viabilidad de la ría de Pontevedra y poner en riesgo a vida de miles de personas. No olvidemos que a nadie en ningún sitio de Europa se le admitiría una planta de cloro en una ubicación urbana", argumentó la teniente de alcalde.
Carme da Silva recordó que el lunes de la pasada semana remataba el plazo para la remisión del segundo informe por parte del Concello a la Xunta relativo a renovación de la AAI, en el que se cuestionó que a la hora de revisar la autorización no se había contemplado cuestiones como la cantidad de agua captado, que se había incrementado el volumen de residuos, o el incumplimiento de distintos parámetros de emisiones.
Además el Concello quería saber cómo van a circular los camiones de cloro por el área urbana y periurbana de Pontevedra, ya que Elnosa propone producir hipoclorito mientras no desmantela la actual planta y construye una nueva con tecnología de membrana (sin uso) en la actual ubicación.
A pesar de no tener respuesta oficial de la Xunta, los servicios jurídicos del Concello ya están trabajando en la mejor fórmula para enfrentar la renovación de la AAI "y por una razón, antes de mandarle el escrito, la Xunta ya había anunciado que iba a conceder la AAI antes del día 11", indicó la teniente de alcalde que reconoce que "fue (la concesión) una sorpresa relativa. Sabían antes de remitirnos la contestación lo que iban a decir".
"Miles de habitantes"
El Concello de Pontevedra se propone ahora intentar evitar "una agresión a la ría y a los miles de habitantes de la zona" como la que supone mantener una clorera en Lourizán, explica Da Silva.
"No responde a ninguno de los parámetros de actividades industriales, responde solo a una decisión de carácter político del PP; que utiliza al gobierno gallego y al gobierno del Estado para beneficiar a una empresa de fuera" insiste Carme da Silva, para quien "la única explicación que tiene esto y que sigue la misma hoja de ruta que siguieron con Ence y que ahora siguen con Elnosa".
Mientras decide si opta por la presentación de un recurso administrativo contra la resolución de la Xunta o descarta este recorrido y apela directamente la vía judicial, el gobierno local señala que "la Xunta tendrá que explicar qué obras van a hacer en la instalación de Elnosa para dejar de producir cloro con mercurio, para fabricar hipoclorito con el cloro que traerán de fuera, pues la AAI no ampara ninguna obra en esa instalación".
"Para hacer obras precisa una autorización expresa de Costas y necesita también un título habilitante", añade la teniente de alcalde. No pueden obviar la autorización del Concello incluso consigan la declaración de proyecto de incidente supramunicipal de la Xunta pues hay una sentencia del Tribunal Supremo que recoge que la supramunicipalidad pasa sobre el permiso municipal solo cuando hablamos de una iniciativa pública, no de una privada como es el caso".
