El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra en una horquilla de entre 738 y 884 las causas recomendadas al año para un Juzgado de Primera Instancia. Sin embargo, la sala de refuerzo especializada en cláusulas suelo de Vigo, que atiende a toda la provincia, ha rebasado en tan solo cinco meses ese ratio (agosto es inhábil para estos procedimientos), por lo que serían necesarios otros dos tribunales para cumplir con los módulos de trabajo aconsejados por el órgano de gobierno de los jueces. En toda la provincia son ya 2.695 las demandas presentadas desde la puesta en marcha el pasado mes de junio del "plan de urgencia" del CGPJ, que establecía la especialización de una sala civil para asumir todos los litigios de suelo hipotecario y abusos bancarios de Pontevedra.

Esta exclusividad ha provocado una "saturación" en esta sala de refuerzo dependiente del Juzgado de Primera Instancia 14 -ubicada en las dependencias del Servicio de Notificaciones y Embargos- hasta tal punto que las reclamaciones presentadas el pasado mes de octubre tienen señaladas para marzo y abril la audiencia previa. "A pesar del esfuerzo y trabajo que realizan la juez y funcionarios no se ha visto ninguna mejora en los últimos meses; sigue colapsado", puntualiza Manuel Castells, decano del Colegio de Procuradores. Sostiene, al igual que otras fuentes judiciales, que la iniciativa de dotar a toda la provincia con una única sala de cláusulas suelo favoreció la situación por la que atraviesa este juzgado de apoyo. "A mi entender, no se esperaba que hubiera tanta avalancha de demandas pero de igual modo que solo tengamos un juzgado para todo Pontevedra ralentiza el trabajo; así se colapsó desde sus inicios", argumenta Castells.

Este aluvión de demandas de naturaleza bancaria en Vigo se vio respaldado tanto por el juez decano del partido judicial vigués Germán Serrano, quien ya en septiembre solicitó al TSXG un segundo juez de refuerzo para esta sala única, como por el propio CGPJ al reflejar en su informe de previsión de necesidades de cara a 2018 la necesidad de reforzar al tribunal con dos magistrados más a tiempo parcial, así como que la letrada de la Administración de Justicia esté a tiempo completo -la profesional que hay en la actualidad compatibiliza esta labor con la del órgano donde tiene la plaza en titularidad-. En cuanto al número de funcionarios que tramitan los procedimientos entrantes, también se prevé que aumenten hasta un total de 5 (a día de hoy son tres los trabajadores de este juzgado de refuerzo).

Este plan de urgencia para resolver los litigios de suelo hipotecario fue aprobado con una vigencia inicial de siete meses -hasta el próximo 31 de diciembre-. Su continuidad a partir del 1 de enero de 2018 necesitará ahora del informe favorable de Justicia, según lo establecido en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.