Bajo el lema "Non á discriminación laboral na Xustiza galega", los funcionarios de la administración de Justicia en Pontevedra se sumaron ayer de forma masiva a la convocatoria de huelga en este sector que impulsaban en conjunto las siete principales centrales sindicales en el ámbito de la administración de Justicia (SPJ-USO, CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC OO).

Los piquetes informativos que acudieron a primera hora de la mañana a las sedes judiciales comprobaron que el seguimiento era muy amplio, casi total y hasta "sorprendió" a las propias centrales sindicales, según explica el portavoz del comité de huelga en Pontevedra, Enrique Araújo.

Los convocantes destacaron además el "cumplimiento a rajatabla" de los servicios mínimos establecidos, que en este caso mantuvo activas las unidades más urgentes como es el juzgado de guardia, el de violencia de género, el registro civil, así como la tramitación de aquellas causas con preso o de procedimientos que por agotamiento de los plazos pudiera suponer un quebranto importante de los derechos del administrado.

Eso sí, la huelga vació el resto de juzgados y paralizó todos los trámites que no tuviesen esta urgencia o afectasen a derechos fundamentales. El paro tuvo una enorme repercusión provocando la suspensión de las vistas que estaban señaladas en los juzgados de A Parda y la Audiencia, por la falta de funcionarios. En la ciudad del Lérez la participación alcanzó un 96%, y también fue muy elevada en Marín y Caldas, las otras dos sedes judiciales de la comarca. En la provincia la participación en la huelga ascendió a un 96%, según los convocantes. La Xunta rebajó estos niveles de participación a un 59% en la provincia de Pontevedra, la más alta de Galicia. La jornada de huelga incluyó una concentración a las puertas de la Audiencia Provincial.

Los funcionarios judiciales reclaman, entre otras medidas, su equiparación salarial con los de otras comunidades con las competencias transferidas. Es el caso, por ejemplo, del complemento autonómico transitorio, en donde se han producido aumentos generalizados en todas las comunidades y en algunos casos doblan las retribuciones de los funcionarios gallegos, como ocurre en Euskadi y Navarra. La media del complemento en las comunidades con competencias transferidas es 200 euros superior al de los funcionarios gallegos.

La situación también es similar en los descuentos que sufren en caso de baja laboral por enfermedad, mayor en Galicia que en otros puntos y aplicables en un mayor número enfermedades. Los funcionarios también piden que se detenga el plan de amortización de plazas, el cobro del 100% de las sustituciones y, por último, reclaman la consolidación de las plazas de refuerzo que son estructurales y no coyunturales, es decir, aquellas que llevan ya más de tres años.

Ahora confían en que esta jornada de huelga lleve a la administración autonómica a realizar una "llamada al diálogo que sea seria" dado que hasta ahora consideran que "nada más que ha habido palabras vacías" por parte de la Xunta. De lo contrario, hay otra jornada de paro convocada para el día 13 de este mes y la huelga se convertiría en indefinida a partir de enero.