Bajo el lema "Non á discriminación laboral na Xustiza galega", los funcionarios de la administración de Justicia en Pontevedra se sumaron masivamente a la convocatoria de huelga en el sector que impulsaban en conjunto las siete principales centrales sindicales en el ámbito de la administración de Justicia (SPJ-USO,CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC OO).

Los piquetes informativos que acudieron a primera hora de la mañana a las sedes judiciales comprobaron que el seguimiento era muy amplio y destacaron además el "cumplimiento a rajatabla" de los servicios mínimos establecidos, que en este caso mantiene en funcionamiento los servicios más urgentes como el juzgado de guardia, el de violencia de género, el registro civil, así como la tramitación de aquellas causas con preso o de procedimientos cuyo incumplimiento de los plazos pudiera suponer un quebranto importante de los derechos del administrado. Eso sí, la huelga ha provocado la suspensión de vistas que estaban señaladas en los juzgados de A Parda y la Audiencia, por la falta de funcionarios, así como la imposibilidad de realizar trámites de carácter no urgente. En la ciudad del Lérez la participación alcanzó un 93%, y también fue muy elevada en Marín y Caldas, las otras dos sedes judiciales de la comarca.

Los funcionarios judiciales reclaman su equiparación salarial con los de otras comunidades autónomas. Es el caso, por ejemplo, del complemento autonómico transitorio, en donde se han producido aumentos generalizados en todas las comunidades y en algunos casos llegan a doblar las retribuciones de los funcionarios gallegos. La situación también es similar en los descuentos que sufren en caso de baja laboral por enfermedad, mayor en Galicia que en otros puntos y aplicables en un mayor número enfermedades. Los funcionarios también piden que se detenga el plan de amortización de plazas, el cobro del 100% de las sustituciones y, por último, reclaman la consolidación de las plazas de refuerzo que son estructurales y no coyunturales, es decir, aquellas que llevan ya más de tres años.

Confían en que esta jornada de huelga lleve a la administración autonómica a abrir un "diálogo serio" dado que hasta ahora consideran que "nada más que ha habido palabras vacías" por parte del vicepresidente Alfonso Rueda. De lo contrario, hay otra jornada de paro convocada para el día 13 de este mes y la huelga se convertiría en indefinida a partir de enero.