La Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra acogió ayer un juicio por estafa en el que se han sentado en el banquillo de los acusados J.J.J., para el que la Fiscalía pide que se sobresea la causa, y J.C.M., al que el Ministerio Público pide tres años de prisión por, supuestamente, hacerse pasar por apoderado de una empresa para quedarse con 60.000 euros que obtuvo a través de un préstamo personal.

Durante la vista, la defensa de J.C.M. alegó la prescripción de este delito, algo que la fiscal ha rechazado dado que considera que se produjo en su modalidad "agravada", por lo que el plazo de prescripción crece a diez años. Los magistrados decidirán en sentencia.

El acusado supuestamente realizó la operación simulando ser el apoderado de una empresa que había cambiado su denominación y respecto de la cual ya no era administrador, para así "poder incorporar a su patrimonio 60.000 euros que ni integró a la mercantil ni restituyó al prestamista".