La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Ana Ortiz,ha anunciado esta mañana que la provincia ya cuenta con cinco responsables, uno de Guardia Civil y cuatro de Policía Nacional, que representan la figura del "Interlocutor Policial Territorial Sanitario" para coordinar la aplicación de medidas para reducir las agresiones a profesionales de la salud.

El anuncio ha sido realizado en un encuentro realizado esta mañana en la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra entre la subdelegada, Ana Ortiz; el secretario xeral técnico de la Consellería de Sanidade, Alberto Fuentes; el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, Manuel Touceda; el comisario provincial de la Policía Nacional, Manuel Bouzas y el comisario jefe de la Policía Nacional de Vigo-Redondela, Manuel Teijeiro. También han participado la jefa territorial de la Consellería de Sanidade, el gerente del EOXI Vigo, la directora asistencial del EOXI Pontevedra-O Salnés, además de representantes de los Colegios Médicos, de Enfermería y de Farmacéuticos de la provincia.

Ante el incremento de casos de este tipo en el sector sanitario se estableció un protocolo de actuación ante cualquier agresión o manifestación de violencia e intimidación dirigida al personal sanitario, que proporciona mayor protección y seguridad jurídica.

Los Interlocutores Policiales Territoriales sanitarios son profesionales designados por Guardia Civil y Policía Nacional para lograr un contacto más fluido y directo con los cuerpos de seguridad en caso de agresión. Del mismo modo, se trabaja en la elaboración de un catálogo y una clasificación de centros sanitarios, tanto públicos como privados, en función de su "riesgo de acción delictiva" y que quedarán georreferenciado, al tiempo que se establecen canales de comunicación permanentes con las autoridades sanitarias, las instituciones públicas y las organizaciones especializadas. Esto permitirá que tanto Guardia Civil como Policía Nacional reciban la información de forma coordinada, lo que facilitará las investigaciones y que tanto la respuesta como la investigación sean más agiles.

Asimismo, la instrucción establece medidas preventivas que reforzarán los dispositivos de seguridad y vigilancia en el entorno de los centros sanitarios, mientras que en el interior se realizará un análisis de las agresiones. También se organizarán actividades formativas e informativas para que los profesionales puedan prevenir estas situaciones y sepan protegerse.

La Subdelegación apunta que "todas estas medidas tienen como objetivo prioritario la reducción de las agresiones a los profesionales médicos" puesto que en los últimos años se aprecia un incremento en el número de actos violentos sobre este colectivo, sucesos que sobre todo acontecieron en el sector de la atención primaria y que consistían en los tipos penales de lesiones, amenazas, coacciones o injurias. Durante 2016 se registraron en toda España 486 hechos delictivos, y entre 2011 y el año pasado 2.688 profesionales de la salud fueron víctimas de algún tipo de agresión.