La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, remitió ayer una carta al Parlamento autonómico en la que declina explicar los presupuestos de la institución provincial en esa sede, una actuación que, si bien no es obligatoria por ley, sí se ha llevado a cabo de forma ininterrumpida desde hace una década. De hecho, hay que remontarse a inicios del Gobierno bipartito, cuando se opusieron a ir a la sede del Legislativo gallego los presidentes populares de Lugo, Ourense y Pontevedra.

La carta de Silva alude a que se toma esta decisión en aras de la autonomía local y recuerda que únicamente tiene "obligación" de someter los presupuestos a consideración del pleno provincial. "Los tiempos en que se pretendía controlar a las administraciones locales llegaron a su fin. Es hora de que se nos considere parte del Estado y, por lo tanto, se respete el marco constitucional y legal", asevera en la carta, tal y como recoge un comunicado emitido ayer por la Diputación.

Carmela Silva se dirige al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, en su misiva. En ella, al margen de la cuestión de autonomía local, expresa su "malestar" por el trato recibido en la comparecencia del pasado año 2016, cuando sí acudió a la Cámara, al igual que lo hizo en 2015, como "gesto de cordialidad".

De hecho, recuerda en su carta que, en su día también envió una misiva de la que "no se obtuvo respuesta, ni siquiera una disculpa", que pide por haberse visto "sometida a ataques políticos por parte del Partido Popular que nada tenía que ver con contenido de los presupuestos".

Según indicó ayer la Diputación, Carmela Silva ofrece, no obstante, "toda nuestra lealtad institucional para que, en aras del acuerdo y del consenso, podamos tener tantas reuniones como sean precisas para trabajar por el crecimiento, potenciación y desarrollo de la provincia de Pontevedra, que es uno de los territorios con mayores potencialidades de Galicia"

En todo caso, añaden, como la solicitud de comparecencia se enmarca dentro de la aprobación de los presupuestos generales de la Xunta, la presidenta destacó dentro de este ámbito el "tratamiento discriminatorio que están sufriendo diputaciones provinciales de esta comunidad que no son gobernadas por la derecha, y concretamente Pontevedra, en comparación con el trato de la Xunta mantiene con la Diputación de Ourense" con la que "es habitual la firma de convenio y el reparto de recursos que no llegan al resto del territorio gallego". Afirma que el mismo trato discriminatorio se produce con los concellos que no están gobernados por el PP.