La comisión conjunta entre la Diputación y Emerxencias aparcó la polémica surgida en los últimos meses por la tardanza de los bomberos en llegar a algunos siniestros. Ponte Caldelas fue uno de los municipios más beligerantes la respecto. El papel de ese comité no solo será trazar sobre el mapa de la provincia el reparto físico de los recursos actualmente disponibles, sino que deberá analizar las competencias de cada parque de bomberos o de los distintos GES y también cuestiones relativas a la financiación. Al respecto, se recuerda que las competencias en esta materia (para incendios urbanos, no forestales) corresponde a los municipios de más de 20.000 habitantes (que no se cumple en todos los casos de la provincia) y a las diputaciones para el resto de municipios. No corresponde este asunto a la Xunta, si bien aporta unos ocho millones anuales para los consorcios provinciales.
Por todo ello, será una cuestión fundamental el papel que deberán desempeñar los parques de bomberos de las dos grandes ciudades, Pontevedra y Vigo, únicas de más de 20.000 habitantes que disponen de este servicio. Si se pretende que atiendan a otros municipios, deberán recibir más fondos, pero aún no se ha determinado de qué administración.
Otra función de esta comisión técnica será también analizar la mejora y optimización de los Grupos de Emerxencia Supramunicipal (GES) dado que el convenio que actualmente rige su funcionamiento expira en 2018.
