El juicio contra dos guardias civiles que están acusados de filtrar información clasificada y secreta a diversos grupos criminales, entre ellos organizaciones que se dedicaban al narcotráfico, quedó aplazado hasta el próximo 22 de enero.
La vista que debía comenzar esta mañana en la Audiencia de Pontevedra se suspendió porque uno de los abogados ejerce la acusación particular en el otro juicio que celebra al mismo tiempo en la Audiencia pontevedresa (el del crimen de Arbo) y por "problemas técnicos" con el dispositivo de videoconferencia.
Los dos agentes acusados están adscritos a la comandancia de Pontevedra y se les acusa de facilitar información a narcotraficantes.
El abogado de uno de los guardias, convocado al mismo tiempo en otra de las salas de la Audiencia, llegó a esta vista con hora y media de retraso. Esta demora impedía que se pudiesen prestar declaración varias personas por videoconferencia, debido a cuestiones técnicas. Así, la magistrada de la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha decidido aplazar el juicio hasta el mes de enero.
La Fiscalía de Pontevedra solicita once años y medio de prisión para los dos guardias civiles, acusados de un delito continuado de revelación de secretos en concurso con un delito de encubrimiento y de un delito contra la intimidad cometido por funcionario público en el seno de un grupo criminal.
Además de la pena de prisión, el ministerio público exige que sean suspendidos de empleo durante tres años e inhabilitados de forma absoluta durante otros doce.
Los acusados son Javier L.P., que en el momento de los ellos formaba parte del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil en Galicia; y Diego F. C., destinado a la sección de Patrimonio de la Unidad de Policía Judicial y que compartía dependencias con la unidad ECO, algo que, recoge el fiscal en su escrito de acusación, le permitía acceder a sus equipos.
Junto a ellos estaba citado Juan Carlos S.N., un vecino de Vilanova de Arousa vinculado "policialmente" al narcotráfico, según el fiscal, que era el encargado de actuar como enlace con los agentes y que se enfrenta a una condena de siete años de cárcel por un delito de revelación de secretos y un delito de integración en grupo criminal.
Los tres formaban parte, explica el fiscal antidroga, de un grupo criminal que tenía por finalidad la obtención de información secreta y datos personales de las investigaciones de la Guardia Civil para su posterior revelación y difusión a terceras personas, fundamentalmente, los afectados por tales investigaciones.
