La corporación municipal insta al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) a que deje sin efecto la exigencia cursada a los beneficiarios de pisos sociales de Valdecorvos, en la modalidad de alquiler, para que antes del 6 de noviembre abonen los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), un pago que en muchos casos triplica el alquiler social mensual al que hacen frente estas familias. El acuerdo de ayer, adoptado por unanimidad a instancias de María Rey, portavoz de Ciudadanos, emplaza a la Xunta, propietaria de las viviendas, a asumir directamente el IBI y, en su caso, repercutirlo después a los usuarios en plazos a lo largo de un año.

Todos los grupos municipales, incluido el PP, coincidieron con Rey en esta petición, si bien los populares aprovecharon para reclamar una vez más al Concello una rebaja de este impuesto. Según explicó la concejala de C´s, los afectados por esta medida del IGVS son los que en 2015 firmaron contratos de arrendamiento de los pisos de Valdecorvos, unas familias que aún tardaron varios meses, hasta junio de 2016, en acceder a los inmuebles.

A plazos

Rey apunta que "los vecinos comenzaron a recibir ayer (por el miércoles) unas cartas con relación al cobro del IBI correspondiente al ejercicio 2017 de las viviendas que ocupan actualmente, recibos a los que no se ha aplicado ningún tipo de bonificación, y que rondan los 400 euros mensuales". Ciudadanos sostiene que esta exigencia es un "sinsentido" ya que "las cuantías superan en muchos casos tres veces la mensualidad del alquiler". "Recordemos -añade Rey- que son personas en una precaria situación económica y social" y critica que la Xunta adopte esta medida "con carácter previo y con una antelación de apenas dos semanas al 6 de noviembre, fecha de finalización del período voluntario del pago".

A su juicio, respaldado por toda la corporación, "el IGVS, como propietario del inmueble, debe proceder al pago de dicho tributo, siendo el deudor real del impuesto tal y como se refleja en los recibos, y conceder un pago fraccionado a los inquilinos". Indica que "el concello genera los recibos en fecha anterior al 6 de junio, los remite al registro de la Xunta en fecha 19 de septiembre, y el propio IGVS los comienza a enviar a los inquilinos a mediados de octubre" y reprocha también a Vivenda que "se ampare en un contrato de arrendamiento que induce a confusión y no vincula al arrendatario". Admite que el inquilino "está efectivamente obligado al pago, pero el contrato no especifica si tiene que hacerse cargo de forma anticipada al propietario o bien reembolsar dichas cantidades al IGVS una vez se liquide por este la deuda".

Finalmente, el acuerdo que se enviará a la Xunta emplaza al IGVS "a realizar el pago de los recibos correspondientes al IBI de las viviendas protegidas arrendadas en la Rúa Prado Novo y, remita el mismo a los inquilinos en doce mensualidades para facilitar su abono".

Este asunto no es el primer contratiempo con el que se enfrentan los adjudicatarios de Valdecorvos -donde se ejecutaron las últimas 132 viviendas de promoción pública del municipio- en régimen de alquiler. Antes de poder entrar en sus casas tuvieron que aguardar seis meses por un demora en el registro de los pisos.

Barreras arquitectónicas

Esta demanda al IGVS fue acordada por unanimidad de todos los grupos, pero otra propuesta también de carácter social contó con el desacuerdo del BNG, si bien toda la oposición se unió para exigir la elaboración de un plan de supresión de barreras arquitectónicas, como solicitaba Marea Pontevedra.

La concejala nacionalista Carmen da Silva señaló que el gobierno local lleva a cabo medidas de este tipo desde 1999, pero la edil de la formación rupturista Carmen Moreira recordó que ahora está en vigor un real decreto sobre los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social que obliga a garantizar antes del 4 de diciembre próximo sus condiciones de accesibilidad.

Por ello, Marea recibió el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos para emplazar al gobierno local a analizar con detalle las deficiencias al respecto que aún existan en el municipio y establecer "ayudas, subvenciones, exenciones o reducciones de tasas e impuestos a aquellas empresas y comunidades de propietarios que favorezcan la accesibilidad".

El apoyo general que recibieron estas dos propuestas de carácter social se rompió en mil pedazos cuando el debate sobre el conflicto catalán entró de lleno en el pleno. Llegó de la mano del portavoz del PP, Jacobo Moreira, que instó a la corporación a "manifestar expresamente su apoyo y respaldo institucional a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades", en especial a los agentes desplazados a Cataluña. Se trata de una iniciativa dirigida directamente a la línea de flotación ideológica del BNG y Marea -favorables al referéndum ilegal en aquella comunidad y críticos con la actuación del Gobierno central y las fuerzas del orden- y que Moreira trataba de presentar desde hace varias semanas. El gobierno local siempre había evitado este "cara a cara" hasta ayer, precisamente en la sesión en la que agentes de ambos cuerpos, familiares, simpatizantes del PP y otros ciudadanos acudieron al pleno con banderas españolas.

Tal y como estaba previsto, BNG y Marea negaron esta apoyo expreso, lo que desató los abucheos de los presentes, pero Moreira se marchó de la larga sesión de ayer -más de cinco horas- sin sacar una palabra de la boca del alcalde, Miguel Fernández Lores, que era su principal objetivo.

La iniciativa del PP estaba cargada de "aguijonazos" a las dos formaciones críticas con el Gobierno central, ya que pedía que ambas, junto con PSOE y Ciudadanos (aliados en este caso plenamente con el PP) condenaran el "acoso sistemático al que las fuerzas policiales están siendo sometidas mediante actos violentos" en Cataluña, y dieran su apoyo directo a la Constitución y la unidad de España, dos asuntos que cuestionan a diario nacionalistas y rupturistas.

Cada declaración de Jacobo Moreira era jaleada por los asistentes, al igual que las del socialista Agustín Fernández y María Rey (especialmente aplaudida la edil de Ciudadanos cuando gritó un ¡Viva la Policía y Viva la Guardia Civil!), vítores que se tornaban en abucheos con las palabras de Luis Rei (Marea) y Carmen da Silva (BNG). La situación obligó al alcalde a intervenir para pedir "respeto a los que opinan de una manera o de otra". Pero fue la única vez que habló Lores. Ninguno de los "muletazos" lanzados por el portavoz del PP hizo al alcalde "entrar al trapo". Y eso que Moreira fue insistente. Echó en cara de Lores que no asistiera, este mismo mes de octubre, al Día de la Policía ni a la celebración de la Patrona de la Guardia Civil, sin enviar "a ningún otro de los doce concejales de su grupo"; le reprochó que firmara un manifiesto de solidaridad con alcaldes independentistas "como regidor de Pontevedra, algo intolerable"; le recordó que traicionó la promesa que hace con cada toma de posesión de hacer cumplir la Constitución; y le espetó que "ha puesto a Pontevedra fuera de la ley" al no dar su respaldo expreso a agentes del orden que "no dudarían en intervenir para salvarle la vida a usted o a cualquier otro".

Pero ninguna de esas alusiones directas sirvió para arrancar ninguna reacción del alcalde, que dejó todo el protagonismo a su concejala Carmen da Silva. La edil hizo referencia al "barco de Piolín" -un crucero donde se alojaban los agentes y adornado con una imagen de este dibujo animado- y acusó al Gobierno central de "instrumentalizar a la Policía al dar órdenes directas de cargar y faltarles al respeto", por lo que exigió al PP que "pida disculpas".

Otros grupos

Luis Rei (Marea) fue igual o incluso más beligerante contra la petición de apoyo a los agentes. "Que realicen su trabajo es lo normal, por lo que no tiene sentido respaldar a alguien por hacer su trabajo", pero fue más lejos al señalar que "también hay que dar el mismo trato a los médicos que atendieron a los heridos por la Policía". Defendió, al igual que el BNG, el "derecho a decidir" de los pueblos, todo lo contrario que PSOE y Ciudadanos.

Agustín Fernández repartió responsabilidades del conflicto entre el Gobierno central y la Generalitat, denunció el acoso a los alcaldes no independentistas e hizo un llamamiento al diálogo y la concordia. María Rey subrayó el "sufrimiento y el miedo" enraizado en la sociedad catalana con este asunto y mostró su "apoyo incondicional" a la Policía y la Guardia Civil. Aún así, aprovechó para poner en duda algunos de los objetivos reales de Moreira ya que recordó que "los agentes piden equiparación salarial y el PP no hace nada al respecto".