Uno de los puntos que el Adif requiere como fundamentales para la creación de una vía verde es la colaboración entre administraciones políticas para "resolver cuestiones legales" y "conseguir financiación".
En el caso de la conversión en senda verde de los antiguos tramos que sustituyó el Eje Atlántico, esta premisa parece cumplirse. Las corporaciones municipales de Pontevedra, Vilaboa y Soutomaior ya se pronunciaron a favor de esta medida. Más recientemente cabe reseñar el acuerdo alcanzado en el Parlamento gallego por el BNG, En Marea, PP y PSdeG-PSOE. En él se aprobaba instar a la Xunta y a los concellos de Pontevedra, Soutomaior, Vilaboa, Redondela y Vigo, así como con la Diputación de Pontevedra, a colaborar para materializar la redacción de un proyecto constructivo para este proyecto de senda. En dicho acuerdo también que analizasen la posible creación de una estructura administrativa que permitiera conservar y gestionar la futura vía verde.
Entonces se destacó que además de contribuir a fomentar una movilidad sostenible y saludable, la vía verde sería también un elemento dinamizador económico por su potencial turístico.
La iniciativa, a propuesta del BNG, se limitaba inicialmente al tramo entre Pontevedra y Arcade, precisamente por ser el que tenía ya un posicionamiento claro por parte de los concellos afectados a favor de la iniciativa. Durante el debate de la propuesta se aceptó ampliar la petición a los tramos entre Redondela y Vigo a petición de En Marea y del PP.
