La Asociación de Persoas con Discapacidade da Comarca de Pontevedra Amizade, en colaboración con Xuntos y Amencer, exigió ayer a la Xunta que ponga fin a la "clara discriminación" que supone que la oficina del servicio de Consumo de Pontevedra no sea accesible para las personas con movilidad reducida.
El servicio dependiente del Instituto Galego de Consumo "está situado en un edificio que cuenta con barreras arquitectónicas", recuerda Paulo Fontán, presidente de Amizade. Éste presentó ayer en la Xunta varias reclamaciones en las que se incide que al ser la oficina una dependencia de la administración "y, sobre todo, relacionada con lo derechos de los consumidores" es la propia Xunta "la que está incumpliendo unas leyes de las que tendría que ser garante".
En pocos días las asociaciones promotoras de la iniciativa han conseguido reunir más de 200 firmas que avalan la petición de que la Xunta corrija esta situación de discriminación.
La oficina del Instituto Galego de Consumo, ubicada en el paseo de Cervantes, "está situada en un primer piso sin ascensor, con lo que no pueden acceder las personas con movilidad reducida, algo que tiene mayor gravedad si se piensa que es responsabilidad de la Xunta, precisamente, el garantizar la igualdad de oportunidades; en este caso es la propia administración la que está incumpliendo la ley".
Varios socios de Amizade acompañaron a Paulo Fontán en la presentación de las reclamaciones en el registro de la sede de la Xunta en Pontevedra y recordaron que Amizade ya evidenció públicamente en 2012 la existencia de barreras arquitectónicas en el servicio de Consumo, sin que se tomasen medidas para corregir la situación.
Las asociaciones que promueven la iniciativa recuerdan que la Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley, sin que puedan ser discriminadas por circunstancias personales y sociales y que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que esa igualdad sea real y efectiva, removiendo los obstáculos que impidan su plenitud y facilitando la participación de todas las personas en la vida política, económica, cultural y social.
"Casi cuarenta años después", destacan, "se han aprobado diversas normativas encaminadas a que deje de existir discriminación pero los cierto es que aún queda mucho camino por recorrer para conseguir una igualdad real".
