Visto para sentencia. Dilucidar si la muerte del exbatería del grupo Los Piratas, Javier Fernández, fue fruto de una actuación negligente por parte del guardia civil R. L. A., que le disparó en agosto de 2015 cuando sufría un brote psicótico, está ahora en manos del magistrado del juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra y juez decano de la ciudad, Miguel Aramburu.
La vista oral llegó ayer a su fin tras una última tanda de testificales y la exposición de las conclusiones definitivas de las partes, que apenas modificaron un ápice las tesis que defendían al inicio del juicio el pasado viernes. Es el caso de la Fiscalía de Pontevedra, que tan solo modificó su escrito de conclusiones para insistir en que el guardia civil acusado no incurrió en "ningún tipo de delito" y para especificar que, de forma subsidiaria en el caso de que el magistrado considerase que sí merece algún reproche penal, este debería ser por un delito de homicidio por imprudencia leve con la eximente de legítima defensa a terceros, al entender que disparó a Javier Fernández para frenar un ataque que ponía en peligro la vida de su compañero de patrulla.
Para el fiscal, el guardia civil acusado "obró en cumplimiento del deber" cuando aquella aciaga mañana disparó a Javier Fernández en el momento en el que supuestamente atacó y agredió al segundo agente con varios utensilios de cocina en la mano, entre ellos un tenedor y un cuchillo.
El fiscal destacó que, en todo momento, guardias civiles y sanitarios "intentaron tranquilizar" al ahora fallecido y que considera un "argumento falaz" la posibilidad de que, una vez fuera de peligro la mujer y el bebé de Javier Fernández, lo hubieran dejado solo para que se tranquilizase marchándose del lugar: "Había una persona con un brote psicótico y podría agredir, como de hecho lo hizo previamente, a su mujer". "Había necesidad de atenderlo para que no estuviese en disposición de hacer daño a terceros o a sí mismo" y afirma el fiscal que esa fue la intención de los agentes y de los sanitarios. Lo que ocurrió es que, finalmente, la situación se complicó y al acusado "no le quedó otro medio para parar la agresión" que emplear su arma reglamentaria, sin intención de matar, disparando a las piernas para intentar reducirlo pero con el problema de que el disparo alcanzó el abdomen.
Agresión fruto del trastorno
La acusación particular, no obstante, sí ve una intervención desproporcionada o, cuando menos, "imprudente" por parte del guardia civil. El abogado de la viuda, Gerardo Gayoso, no dudó incluso en dar un titular para resumir el juicio y con el que ilustrar esa desproporción en la fuerza empleada. Sería el de "pistola contra tenedor", en alusión a uno de los utensilios de cocina que el fallecido portaba en sus manos cuando atacó, en pleno brote psicótico, al guardia civil que trataba de calmarlo. Incluso dudó de la pertinencia de que fuesen los agentes de la Guardia Civil los que tuvieran que actuar y entrar al domicilio cuando comprobaron que la supuesta agresión por violencia de género por la que habían sido avisados no existía, sino que el altercado era fruto del trastorno psiquiátrico que sufría Javier.
Las acusaciones particulares, que ejercen la viuda, el hijo, los padres y la familia de Javier Fernández, insistieron en reclamar al magistrado la imposición para el guardia civil R. L. A. de una pena de cuatro años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave profesional, seis años de inhabilitación, y que el Ministerio del Interior, como responsable civil subsidiario, abone a los allegados de "Hal" diversas indemnizaciones, entre ellas 90.000 euros a su viuda y 112.000 a su hijo que tenía dos meses de vida cuando se produjeron estos hechos. La defensa insistió en la libre absolución.
Testigos
Antes de que los informes definitivos de las partes, ayer prestaron declaración otros cinco testigos y peritos, entre ellos tres sanitarios que acompañaron a los guardias civiles aquella mañana en el domicilio de Javier Fernández en Guláns, Ponteareas.
Los tres coincidieron en que se encontraron a Javier Fernández "muy alterado" y "agitado". Uno de ellos, el conductor de la ambulancia, explicó que cuando comprobaron esta actitud agresiva, el personal sanitario dio un paso atrás y dejó que interviniesen los agentes del Instituto Armado que "intentaron calmarlo y dialogar", pero sin conseguirlo. En un momento dado y después de "amenazas verbales continuas", Javier Fernández entró en casa y salió con una serie de "utensilios de cocina" en las manos, acometiendo a uno de los guardias civiles y llegándole a agredir "en la nariz y en el hombro" en varias ocasiones, hasta que se produjo el disparo del segundo agente. Los sanitarios confirmaron que, ya en el suelo, Javier Fernández seguía "agitado" y se retiraba las vías que le ponían.
En el juicio también declararon dos guardias civiles que realizaron la inspección ocular quienes señalaron que los utensilios de cocina que hallaron en la zona en la que se produjeron los hechos (1 cuchillo de mesa, dos cucharas y tres tenedores) "eran aptos para causar la muerte" de una persona si se utilizaban "contra una zona vital".
