Las quejas y reclamaciones de los consumidores pontevedreses por cuestiones relacionadas con el ámbito financiero han desbancado ya a las de las telecomunicaciones y el sector de la energía, que ocupan ahora el segundo y tercer puesto, respectivamente. Es una tendencia que ha ido tomando forma en el último año y que se ha agudizado en este 2017.
La oficina de la Asociación de Consumidores Rías Baixas de Pontevedra ha tramitado en lo que va de año unas 300 reclamaciones en todos los ámbitos. Esta cifra supone un incremento de un 20 por ciento respecto al mismo período de 2016. Tal y como explica María Álvarez, técnica en Consumo del colectivo pontevedrés, el "podio" de estas quejas y consultas ha cambiado de forma significativa, de modo que ahora el primer puesto corresponde a las que tienen que ver con el consumo financiero, un lugar que antes ocupaban las que se dirigían a las compañías de telefonía.
En general, el 30 por ciento del total de reclamaciones son por cláusulas suelo, comisiones abusivas, créditos rápidos y microcréditos. "Los préstamos rápidos son la novedad, con un tipo de interés fijado de un 24 por ciento. Por desgracia, estos microcréditos llevan aparejados a las empresas de gestión de cobro, que se han sumado a estas reclamaciones de los consumidores", asegura María Álvarez.
Respecto a los problemas derivados del consumo de servicios de telecomunicaciones, ahora representan el 20 por ciento, mientras que los de energía y eléctricas ya suponen un 15 por ciento. El resto corresponden a transporte, "quejas que copan las aerolíneas"; empresas de reparación de electrodomésticos; compañías de seguros que se niegan a pagar cantidades o cubrir servicios acordados...
"Pensamos que el hecho de que haya aumentado el número de quejas, porque sigue habiendo prácticas abusivas con el consumidor y cometiéndose fraudes, es algo positivo porque la gente mantiene una educación enfocada a la reclamación y acude a donde tiene que acudir y reclama, no ante su vecino, como ocurría antes, de palabra, sino ante la propia empresa", celebra la técnica de la asociación pontevedresa.
En general, las "trampas" que padecen los consumidores son para todos por igual, de modo que no existe un perfil de la persona que se ve obligada a acudir a una asociación para presentar una reclamación.
"No hay más gente joven que mayor ni más hombres que mujeres. Lo único que puede haber de diferente es el tipo de queja por el producto o servicio en sí", apunta la experta.
Así, por ejemplo, la gente mayor suele ser la que más sufre las consecuencias de una venta no segura o fraudulenta a domicilio, fuera del establecimiento comercial.
Lo mismo ocurre con el público joven, que es el damnificado por los abusos en el área de las telecomunicaciones y los nuevos microcréditos, que se anuncian especialmente por internet y en anuncios televisivos.
El problema básico es que el consumidor "está muy bien formado para solicitar precios y presupuestos, pero muy poco informado sobre cómo valorar qué comporta ese precio", advierte María Álvarez.
"Estamos viendo continuamente que las eléctricas se llevan todas las reclamaciones y van todas dirigidas al mercado libre: comerciales que aparecen en casa, publicidad fraudulenta, como la llamada tarifa plana, que está muy denunciada...", pone como ejemplo.
En este sentido, considera que se debe a que "seguimos sintiendo pena o excesiva empatía por esos comerciales que nos aparecen por la puerta, cuando esos comerciales solo van a estar en ese puesto cinco días". "Si a ti te interesa esa oferta, ese comercial tiene la obligación de dejártela para que tú la puedas estudiar con tiempo y te puedas ir a un servicio de atención al consumidor como el nuestro, te la veamos y te digamos si cumple todo lo que oferta", propone.
En numerosas ocasiones en esta área, las asociaciones de consumidores se ven obligadas a solicitar medidas cautelares que impidan que la persona se quede sin suministro mientras se tramita la reclamación. "La amenaza que hacen es la de cortarte la electricidad, por lo que pedimos una medida cautelar que lo impida hasta que no se resuelva la incidencia", explica Álvarez.
La cláusula suelo de las hipotecas es una de las causas que ha propiciado que sean las quejas de tipo financiero las que ahora ocupen el primer puesto en el número de reclamaciones. Más del 80 por ciento de los casos en los que los consumidores tuvieron que someterse a una cláusula suelo fueron resueltos por la Asociación Rías Baixas. "Seguimos manteniendo judicialmente algunas", informa la experta en consumo.
"De hecho, estas últimas semanas hemos cancelado algunos procesos judiciales porque se ha llegado a acuerdos sin perjuicio excesivo para el consumidor", concluye la técnica del colectivo.
