El juzgado de lo Penal 1 de Pontevedra acogió ayer la primera sesión del juicio que lleva de nuevo al banquillo de los acusados la gestión al frente de la ya extinta Cámara de Comercio de la ciudad del Lérez. En esta ocasión, comparecieron ante el magistrado como acusados el expresidente de la entidad, José Antonio Gómez Rivera, y la exsecretaria de la antigua Cámara, Rosario Lorenzo Pontevedra, quien ya fue condenada a una pena de un año de prisión por cohecho tras reconocer irregularidades en el seno de la entidad.
Precisamente, esta condena que aceptó Lorenzo en junio del pasado año vino dada a raíz de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía por una serie de trabajadores de la entidad cameral, algunos de los cuales, más tarde, fueron despedidos. Ahora, el juzgado investiga si estos despidos fueron una represalia por aquella denuncia o si se intentó presionar a los trabajadores para que no trasladasen la información que tenían a los tribunales de Justicia.
Prisión, multa e inhabilitación
El fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, concluyó en su escrito de acusación provisional que las rescisiones de estos contratos sí fueron una represalia por aquella denuncia por lo que solicita una pena de un año y medio de prisión para Gómez Rivera y para Lorenzo, así como multa de diez meses a razón de diez euros al día y ocho años de inhabilitación como autores de un delito contra la administración de Justicia en concurso con otro de prevaricación.
En la primera jornada del juicio prestaron declaración los dos acusados, quienes niegan que hubiera represalias o presiones de ningún tipo hacia los trabajadores y enmarcaron los despidos en la reestructuración que estaba sufriendo la Cámara en aquella época al perder buena parte de sus ingresos tras la reforma de la ley que regula estas entidades.
En todo aquel proceso fue clave un informe elaborado por la consultora Deloitte a petición del Consello Galego de Cámaras sobre las medidas que deberían adoptar estas instituciones para ser viables. Aunque el fiscal remarcó en todo momento que el informe no hablaba de la necesidad de despidos, tanto Lorenzo Pontevedra como Gómez Rivera señalaron que la consultora recomendaba "amortizar" puestos de trabajo. "No había jubilaciones posibles, la única forma de amortizar era mediante despidos", declaró Lorenzo Pontevedra. "Para mí, el significado de la palabra amortizar es eliminar esos puestos de trabajo", dijo el presidente. ¿Y por qué elegir entre el personal de la Cámara precisamente a aquellos que denunciaron las irregularidades para ser los finalmente despedidos? En este caso, el expresidente de la Cámara echó balones fuera y aseguró que dejaron en manos de una empresa externa la elaboración del estudio que puso nombres y apellidos a las personas a las que se le iba a rescindir el contrato, a pesar de que, como indicó el fiscal, justo las personas despedidas estaban en los departamentos que habían experimentado un mayor incremento en su carga de trabajo, frente a otros en los que, pese a la caída, no hubo ceses.
A mayor abundamiento, Lorenzo insistió en que ella "no participaba, ni siquiera estaba presente, en los debates sobre temas de personal a raíz de la denuncia". "Precisamente por esa razón se me pedía que me ausentase tanto del comité ejecutivo como del pleno" que incluso nombraba un secretario accidental.
Lorenzo y Gómez Rivera negaron presiones a estos trabajadores para que retirasen su denuncia bajo la amenaza de que, de lo contrario, perderían su puesto de trabajo: "Yo no me reuní con ningún trabajador para pedirle que los trapos sucios de la Cámara se lavasen de forma interna o para impedir la denuncia ante el fiscal", insistió Gómez Rivera.
"Borrón y cuenta nueva"
Uno de los trabajadores despedidos, Augusto Aláez, dio una versión totalmente distinta.Aseguró que tras advertir reiteradamente de distintas irregularidades a la Cámara sin éxito, decidió denunciar ante la Fiscalía. Declaró que el entonces presidente le llegó a indicar que "si seguía así podía perder mi puesto de trabajo". También señaló que tras destapar estas supuestas irregularidades, la reacción del presidente fue "proteger y encumbrar a la persona que supuestamente había podido cometer un delito", en referencia a la secretaria cameral, mientras se perseguía a los denunciantes. De hecho, asegura que en una reunión con los trabajadores se les pidió hacer "borrón y cuenta nueva".
