El gobierno local acordó ayer contratar a una empresa especializada con el fin de poner en marcha una nueva fase de inspección del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que abonan por sus instalaciones las empresas que facturan más de un millón de euros al año. En Pontevedra son alrededor de 300 las que están sometidas a este tributo, desde bancos a compañías eléctricas, aparcamientos o distribuidores, que deban pagar por cada uno de los locales que tengan en funcionamiento.
La empresa que afrontará esta nueva fase es la misma que ya realizó las inspecciones anteriores, un proceso que permitió al Concello detectar desde 2013 un total de 85 casos de fraude, en su mayor parte de empresas que sí están dadas de alta en el IAE pero no cotizaban por todas sus instalaciones. "Se dan de alta pero no rectificar los cambios a lo largo del tiempo", señaló ayer el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo.
Fruto de estas inspecciones durante los últimos cuatro años, el Concello logró recaudar 1.379.368 euros por los atrasos y otras cuotas, "pero lo más importante es que esas altas se incorporan al padrón de los años sucesivos, de modo que se pasó de una recaudación anual de unos dos millones de euros a algo más de 2.3 millones". La empresa que realiza estos trabajos percibe por su labor el 16% de la recaudación total.
Unos 900 recibos
En el padrón del IAE se emiten alrededor de 900 recibos para las más de 300 empresas que tributan en este impuesto. El concejal delegado de Facenda, Raimundo González Carballo, indicó que queda aún por inspeccionar varios sectores económicos en la ciudad, entre ellos la banca, los aparcamientos, los hoteles, supermercados, o el puerto, entre otros.
Este tipo de inspecciones -explicó el concejal- se realiza para eliminar el fraude fiscal, porque muchas empresas tienen conceptos sin actualizar (espacio de las instalaciones, potencia energética, etc.). Son inspecciones que buscan la justicia impositiva y la equidad fiscal entre las diferentes empresas.
Los casos más habituales de fraude en otros municipios corresponden a la declaración de menos metros cuadrados de los reales, naves que no estaban dadas de alta, cadenas o franquicias que tienen distintos locales y no hacen constar alguno de ellos o por la potencia eléctrica, al hacerse constar menos kilovatios instalados.
