El Concello de Pontevedra ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la existencia de presuntos delitos relacionados con tarjetas falsas de aparcamiento en plazas de discapacitados, tarjetas que sorprendentemente contaban con un certificado de validez emitido por el Ayuntamiento de Vilanova de Arousa.
La concejala de Seguridade de Pontevedra, Carme da Silva, confirmó que las pesquisas de la Policía Local se han trasladado al Ministerio Público para que averigue "si salen o no del concello" arousano, si alguien utiliza sellos de la administración para hacer documentos que semejen oficiales etc.
En dos ocasiones se repitió un proceso semejante: una persona utiliza una fotocopia y explica a los agentes que había perdido su tarjeta original; se le multa y días después aporta una certificación del Concello de Vilanova de Arousa. La sanción le fue retirada, pero la administración local de Pontevera solicitó a la Xunta una comprobación y resultó que la tarjeta estaba anulada desde 2012.
"Se repitió el caso con el mismo concello, aportando una certificación de tarjeta en vigor", se pide confirmación a la Xunta y resulta no ser válida. "Se le comunicó a la Fiscalía que el Concello certificaba tarjetas que no existían", precisó la edil al hacer balance de la campaña de la Policía Local contra el uso fraudulento de tarjetas para personas con movilidad reducida.
El pasado año se habían detectado 11 usos fraudulentos, que se elevan hasta 32 en lo que va de 2017, "no porque se hayan incrementado los comportamientos irregulares", explicó Carme da Silva, sino por una mayor presión policial.
De esas 32 tarjetas intervenidas la gran mayoría (12) lo fueron por uso indebido; 4 porque sus titulares habían fallecido; 12 porque estaban caducadas; 2 por ser falsas y otras tantas por ser fotocopias.
En el balance figuran casos sorprendentes: un conductor de origen andaluz estacionó seis veces en plazas para personas con movilidad reducida, siempre acompañado de un menor, y resultó que la titular de la tarjeta estaba en Valencia. "Se vino de vacaciones con una tarjeta para aparcar; por si no fuese suficiente dio positivo en la prueba de alcohol", explicó la concejala, "normalmente estas personas incumplen también otro tipo de normas".
Existen dos tipos de tarjetas para personas con movilidad reducida, unas provisionales que caducan en función del informe de valoración de la Xunta y otras permanentes que se renuevan con periodicidad sin necesidad de esa evaluación de la administración autonómica.
Este tipo de irregularidades son, con todo, excepciones y además en Pontevedra están experimentando un sensible descenso en los últimos años. En 2011 la Policía Local sancionó a 399 conductores por estacionar en plazas reservadas a los vehículos de personas con movilidad reducida, cifra que se ha reducido hasta los 168 casos registrados el pasado año.
En 2016 la policía capitalina impuso entre 9.000 y 10.000 multas por estacionamientos irregulares, de modo que las 168 por aparcar en plazas reservadas a personas con discapacidad son un mínimo que prueba "el comportamiento ejemplar de la inmensa mayoría de la gente", destaca Carme da Silva.
Colaboración ciudadana
La concejala de Seguridade felicitó a la Policía Local por su labor en la persecución del fraude y también atribuyó el incremento de tarjeas intervenidas a la "colaboración ciudadana, muy sensibilizada" con los derechos de las personas con movilidad reducida.
Las intervenciones se producen en distintas plazas de la ciudad. En el caso del ciudadano andaluz denunciado había estacionado en el entorno del Mercado, la plaza de Valentín García Escuredo y la calle Sierra, si bien en otros casos hacen uso de tarjetas falsas o caducadas "para acudir al gimnasio".
Una patrulla de la Policía Local se destina actualmente a sancionar e investigar este tipo de comportamientos.
Por otra parte, están previstas 60 nuevas plazas para personas con movilidad reducida, un parque ya amplio que además se van aumentando "a demanda de los afectados", señala Carme da Silva.
