La ciudad infantil Príncipe Felipe da protección actualmente a 210 menores, 70 de los cuales han sido derivados por la Xunta de Galicia. Son datos acordes a lo fijado por el convenio en vigor, que actualmente revisan el ejecutivo autonómico y la Diputación con el fin de decidir qué tipo de ingresos se admitirán a partir de ahora.
Los números exactos se dieron a conocer en una reunión entre la diputada delegada de Príncipe Felipe, Eva Villaverde, y responsables del observatorio gallego para la defensa de derechos y libertades Esculca.
Los menores a los que da protección la ciudad infantil están distribuidos en cuatro centros. A la Unidade de Primeira Acollida llegan para ser sometidos a una evaluación como paso medio entre una detención, orden judicial o de Fiscalía, así como enviados por la consellería. Según Villaverde, se trata de un área de acogida temporal, tras la que deben ser trasladados a centros con los recursos precisos. Precisamente esta unidad es la que ha estado en el ojo del huracán en la polémica desatada hace unas semanas entre Xunta y gobierno provincial.
En los restantes centros (Escola-Fogar, Agarimo y Maternais), la ciudad infantil atiende a menores en situación de riesgo o desamparo que pertenecen a familias con dificultados, según explica la propia Diputación de Pontevedra.
Los episodios de violencia que la Diputación denunció en los últimos meses "vienen derivados de menores enviados por la Xunta de Galicia, que se mantienen en el centro incluso contra el criterio de los técnicos provinciales", insiste el gobierno provincial.
El principio de acuerdo alcanzado entre la Consellería de Política Social y la Diputación la semana pasada servirá para renovar el convenio hasta ahora vigente y sobre la mesa para el nuevo está la creación de una comisión mixta que sí tendrá en cuenta los informes de los técnicos provinciales.
