Ponte Caldelas incluye en la plantilla municipal a las dos trabajadoras del anterior Centro da Muller

Habían sido despedidas en diciembre pero una sentencia ordenó su reincorporación -El Concello reabre así el CIM y confía en zanjar una larga polémica política sobre el servicio

25.07.2017 | 02:47
Un pleno del Concello de Ponte Caldelas. // G. Santos

Las dos antiguas trabajadoras, una psicóloga y una abogada, del Centro de Información a Muller (CIM) de Ponte Caldelas entrarán a formar parte de la plantilla municipal después de que hace siete meses fueran despedidas por el Concello, lo que supuso, en la práctica, el cierre del CIM. Aquel despido fue anulado por una sentencia judicial, dentro de una gran polémica política por la desaparición del servicio.

Ahora el gobierno local asegura que el municipio "tendrá un servicio completamente municipal de atención jurídica y psicológica integral a la mujer y a los vecinos" y aclara que "a decisión se adoptó después de valorar la última sentencia laboral, a raíz de la denuncia presentada por las trabajadoras" contra aquel despido, que el Concello atribuye a "irregularidades del anterior gobierno municipal".

De este modo, el equipo actual opta por no solicitar subvención a la Xunta, "por lo que el antiguo CIM se convierte en un nuevo servicio estrictamente municipal sobre el que el Concello tendrá pleno control para su organización y gestión".

Sentencias

Admite el gobierno que encabeza el socialista Andrés Díaz la "preocupación" que generó la sentencia del Juzgado del Social número 4 de Pontevedra que ordenó indemnizar a las trabajadoras despedidas y reincorporarlas, si bien insiste en culpar del problema al anterior gobierno del PP. Así, dice que "la juez considera probado que la abogada y la psicóloga del CIM, como trabajadoras autónomas, fueron adjudicatarias de un contrato de servicios de manera repetida a lo largo de los 11 años de existencia del servicio, sin respetar los mínimos requisitos legales de concurrencia, publicidad y transparencia".

Por ello fue condenado el Concello "a incluir a la abogada y a la psicóloga en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) como personal laboral hizo con la categoría equivalente al grupo A1 y con antigüedad desde 2006". Además, tendrá que pagarles los atrasos derivados de esta categoría desde la entrada en vigor del convenio colectivo, en marzo de 2015.

Recuerda que "otro juzgado ya había anulado provisionalmente la decisión del gobierno local de no prorrogar el pasado 31 de diciembre el último contrato de servicios que dejó firmado el anterior alcalde". Este fallo está pendiente de la resolución del recurso presentado por el Concello ante el TSXG.

El actual gobierno local de Ponte Caldelas, a raíz de estas sentencias, inició los trámites para modificar la RPT e incluir a las trabajadoras autónomas en su plantel, aunque "lamenta que la puerta de entrada a la Administración no sea la misma para todo el mundo y el actual equipo municipal se vea obligado a asumir las consecuencias judiciales de las chapuzas del anterior".

Por tanto, ayer anunció la implantación de este nuevo servicio, "que no solo busca la racionalidad en la política de personal, sino la mejora y ampliación de sus funciones", una decisión en la que pesan especialmente los informes de los técnicos municipales, contrarios al encadenamiento de contratos y prórrogas. También se tuvieron en cuenta las necesidades administrativas del Concello y el análisis de las estadísticas de actividad tanto del CIM que funcionó entre 2006 y 2016, y del servicio de atención jurídica.

Los datos recogidos indican que, además de la asistencia a las víctimas de violencia de género, "hay medios y recursos para atender también otro tipo de ámbitos que la sociedad demanda".

Continuidad

Insiste el gobierno local que "al Concello le corresponde organizar sus servicios y hacer valer los principios de eficacia, eficiencia y defensa del interés general. El equipo de gobierno opta, por tanto, por poner en marcha un servicio municipal pionero en Galicia e integrado en su estructura administrativa, que nace con vocación de sostenibilidad y continuidad al no ser dependiente de subvenciones de otras Administraciones. Un servicio municipal de atención jurídica y psicológica que dará prioridad total y absoluta al apoyo y acompañamiento a las víctimas de la violencia de género y a la promoción y defensa de la igualdad, en el marco de un compromiso firme con los valores de una sociedad moderna y avanza".

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