El concejal de Urbanismo y Promoción Económica, Gregorio Agís, informó ayer que el Concello de Poio "no tiene nada que ver" con el cobro de la tasa catastral a los vecinos del municipio.

Según Agís, tanto la regularización de edificaciones que no están recogidas en el catastro como el cobro de los 60 euros de tasa por gastos de gestión dependen directamente de la Dirección General del Catastro. "Esta tasa la cobra y la ingresa el Ministerio de Hacienda, no el Concello de Poio", explicó Agís.

Asimismo, el concejal destacó que estas tasas harán que se repercuta en el IBI correspondiente el retraso de los últimos cuatro años en el pago, así como el recargo correspondiente por dicho retraso. "El valor catastral es la base de cálculo para la mayor parte de los tributos ligados a los inmuebles. El incremento del valor catastral repercute directamente en numerosos impuestos: las plusvalías, el IBI, las transmisiones patrimoniales o las herencias", expuso.

Ante esta situación, el Concello "solicita que no se repercutan los atrasos y también la devolución de la tasa de 60 euros, una tasa que nunca antes se había cobrado y que es injusta en la medida que repercute en la misma cuantía sea un inmueble de 5 metros o de 500 el que se regularice".

La polémica suscitada por el inicio del cobro de estas tasas ha hecho que el Partido Popular haya organizado una asamblea para acabar con "la falta de información del Concello". Será el domingo, a las 11.30 horas en el local de la Comunidade de Montes de San Xoán.