La Fiscalía Provincial de Pontevedra mantuvo ayer su solicitud de condena para los cuatro responsables del establecimiento de Vilaboa, Habana Club (se trata de tres de los socios y un administrador-gerente) acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores por tener trabajando sin contrato a 8 de los 13 empleados que se encontraban en el local durante una inspección en marzo de 2015.
Para la Fiscalía quedó suficientemente acreditado que las ocho mujeres que fueron identificadas en el interior del local durante aquella inspección estaban realizando labores de alterne en el interior del establecimiento y que percibían una retribución por esta labor, en forma de comisión por cada copa que se servía a los hombres a los que acompañaban, por parte del local.
La Fiscalía defiende esta tesis a pesar de que las declaraciones de algunas de las ocho mujeres que fueron identificadas aquella noche en el local defendieron la tesis expuesta en la primera sesión del juicio por los cuatro acusados. Ellas aseguraron que no eran trabajadoras del local, sino clientas del mismo y que se alojaban en el hotel.
Con todo, la Fiscalía llamó la atención sobre las inconcrecciones en las respuestas que dieron estas mujeres sobre qué trabajo realizaban en Pontevedra o donde residían a parte de en el hotel, respuestas "sin consistencia" para la Fiscalía que, sin embargo, llamó la atención sobre el hecho de que una de ellas sí llegase a reconocer, aunque luego se desdijo, que su ocupación era "sacarle el dinero a los hombres" que acudían al local supuestamente a cambio de la ya citada comisión, como dijo la Fiscalía.
La defensa reclama la libre absolución de los acusados. Estos sostuvieron durante la primera jornada del juicio que el Habana Club es un "negocio de hostelería", negando que estas mujeres fuesen en empleadas del local.
Aseguraron que se trata de clientas y explicaron que desconocen que era "lo que hacían estas mujeres en las habitaciones" y que tampoco conocían "los tratos que pudieran tener con otras personas".
La Fiscalía pide una pena de dos años de cárcel para cada uno de los acusados (los tres socios M. M. F. , J. A. G. G., P. L. S. R., y del administrador de la entidad y que dirigía el local, A. T. C.) y que indemnicen a la Seguridad Social por los días que estas mujeres estuvieron sin cotizar y estar dadas de alta.
