La Diputación acabará con la violencia en el Príncipe Felipe "por una vía o por otra"

"Es una línea roja", dice Mosquera -Aseguran seguir abiertos al diálogo pero urgen a la Xunta a responder a sus propuestas en una reunión o rechazará a los menores conflictivos

14.07.2017 | 03:40
César Mosquera. // Rafa Vázquez

Con un informe con estructura de sentencia judicial y con palabras que pretenden mostrar el mismo grado de firmeza. Así se presentaron ayer el vicepresidente provincial, César Mosquera, y la diputada delegada, Eva Vilaverde, para urgir a la Xunta a una reunión en la que dé respuesta a las propuestas de la Diputación para acabar con los problemas de violencia en el Príncipe Felipe, algo que están dispuestos a lograr "sí o sí" antes de final de año.

Los representantes provinciales rechazan la intención de la Xunta de no modificar el actual convenio en vigor entre ambas entidades en torno a la Cidade Infantil. En esta línea, Mosquera señaló que el primer punto de la solicitud de un pleno extraordinario que ha realizado el Partido Popular es para pedir la "ratificación de este convenio".

Mientras que esa sea la posición del gobierno autonómico, explica la Diputación, no habrá posibilidad de entendimiento. "Estamos abiertos a todo el diálogo del mundo, pero el problema de violencia en el Príncipe Felipe debe resolverse sí o sí". "Es una línea roja" y para ello, apuntó Mosquera, es imprescindible modificar el polémico convenio por el que la Xunta envía al centro niños con un perfil violento, en contra del criterio de los técnicos del Príncipe Felipe.

Rechazo de los menores

"O se cambia el convenio o en la misma situación no vamos a seguir" y los episodios del Príncipe Felipe se resolverán "por una vía o por otra" dijo la diputada delegada, Eva Vilaverde, para recalcar que están dispuestos a rechazar al pequeño grupo más conflictivo que remite la Xunta a la Cidade Infantil.

Mosquera y Vilaverde criticaron las "campañas de presión" de la Xunta y recordaron que hay cuatro o cinco posibilidades de solución ya sobre la mesa sobre las que nadie del ejecutivo autonómico se ha pronunciado.

El acuerdo firmado entre los dos órganos dejará de tener validez a finales de este año, pero la Diputación tiene previsto resolver este polémico episodio mucho antes. "Queda aún seis meses por delante", recordó Vilaverde. Si hasta entonces no se encontrara una fórmula que garantice la seguridad en el Príncipe Felipe a través del consenso entre administraciones, el centro rechazaría a los grupo de menores que fueran más conflictivos.

Se trata, en cualquier caso, de un grupo reducido de "cuatro o cinco niños" que son los causantes de los problemas a los que se refieren Vilaverde y Mosquera y que recoge el informe antes citado. Entre ellos, la quema de una toalla que requirió la intervención de los bomberos, rotura de persianas, consumo de estupefacientes, robos o agresiones físicas y verbales a trabajadores del centro.

Los artífices de hechos de este tipo, aquellos cuyo perfil se considerara por los profesionales del centro similar e inadecuado para el Príncipe Felipe serían rechazados. Los demás menores enviados por la Xunta podrían seguir en estas instalaciones "sin ningún problema", explicaron.

Presupuesto e inversiones

Vicepresidente y diputada provinciales enfatizaron su compromiso con la labor del Príncipe Felipe y quisieron recalcar que, lejos de peligrar su futuro, la intención de la Diputación es "potenciarlo y mejorarlo". Así, Mosquera recordó las inversiones por un valor superior a dos millones de euros este año y apuntó el coste por niño que asume el órgano que vicepreside.

"Cada niño que está allí dentro, le sale a la Diputación en 50.000 euros y nos parece bien si logramos que un chaval que tuvo una desgracia o problemas familiares pueda salir adelante. La inversión de la Xunta por cada menor que mete no llega a 8.000 euros", afirmó. Subrayó además que con esta cantidad. El montante que aporta el gobierno de Feijoo apenas llega para sufragar los gastos provocados por el grupo de menores más conflictivo.

Según la Diputación, su inversión en este centro supera los 11 millones de euros, frente a los 780.000 que proceden de los presupuestos autonómicos.

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