La Xunta pide a Díaz que reconsidere el cierre del CIM

Cita al alcalde de Ponte Caldelas para tratar la readmisión de las trabajadoras despedidas

08.07.2017 | 03:15

El enfrentamiento entre Concello de Ponte Caldelas y Xunta de Galicia tras la decisión del primero de no prorrogar el contrato de concesión del Centro de Información á Muller (CIM) del municipio continúa.

La Secretaría de Igualdade envió esta semana un escrito al consistorio para recordarle la sentencia que le obliga a la readmisión de las empleadas despedidas y en el que emplaza al alcalde, Andrés Díaz, a una reunión que tendría lugar el viernes 14 de julio en la delegación provincial de la Xunta.

En su escrito, el gobierno autonómico insiste en la importancia "decisiva" de los Centros de Información á Muller para la "promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género" y acusa al gobierno municipal de ser el único que ha cerrado un ente de estas características en toda Galicia.

La Secretaria Xeral de Igualdade, Susana López, insiste en que, a su juicio, este tipo de instalaciones son herramientas básicas para "la detección, tratamiento y lucha en general" contra las agresiones machistas "desde una relación de proximidad y de atención directa".

El Juzgado de los Social número 3 de Pontevedra dictó sentencia hace apenas dos meses obligando a la administración local a recontratar a las dos trabajadoras a las que despidió con motivo del cierre del CIM.

El magistrado concluyó entonces que existía una relación laboral entre las trabajadoras y el Ayuntamiento de Ponte Caldelas y que su despido debía ser considerado nulo.

El gobierno local anunció entonces su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. "Si existe una relación laboral consolidada entre el Ayuntamiento y estas dos trabajadoras autónomas que solo deberían haber estado contratadas como cualquiera empresa de servicios será solo por la chapucera y vergonzosa gestión que ha hecho el PP", manifestó entonces el regidor, Andrés Díaz.

El gobierno tripartito insiste en que la concesión de este servicio, realizada por los gobiernos del Partido Popular, que gobernó en Ponte Caldelas hasta las elección locales de 2015, adolece de graves "irregularidades".

En concreto, señala que estas trabajadoras llegaron a trabajar sin contrato durante siete meses y que el Ayuntamiento les remuneraba las vacaciones pese a ser autónomas.

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