La polémica desatada en los últimos días, a raíz de la pretensión de la Diputación de poner fin al convenio con la Consellería de Política Social para la acogida de menores en el Príncipe Felipe, vivió ayer un nuevo capítulo que confirma la falta de entendimiento entre ambas instituciones. La Diputación garantiza la continuidad del centro, pero advierte de que, si es necesario, dejará de recibir a los menores problemáticos que la Xunta envía a la Ciudad Infantil.

"Si la solución tiene que ser tan drástica como decir: mire, no va a mandar a ninguno o va a mandar solo a los que nosotros aceptemos, pues tendrá que ser", declaró ayer el vicepresidente provincial, César Mosquera. Su preocupación viene dada por una situación que, explica Mosquera, impide que el Príncipe Felipe cumpla las funciones que tiene que cumplir. "Tenemos un centro magnífico, prácticamente único en todo el Estado para intentar recuperar jóvenes y metiendo a estos chavales lo que hacen es crear una escuela de delincuencia".

La Diputación esgrimió las amenazas a trabajadores y a otros niños del centro, además de continuas agresiones, como argumento para demostrar la imposibilidad de la convivencia en un mismo centro entre estos menores conflictivos y aquellos de los que habitualmente han venido encargándose los profesionales del Príncipe Felipe. Insiste el ente provincial en que la Unidade de Primeira Acollida, aquella a la que se destina a este problemático grupo, se encuentra junto a una escuela infantil, lo que ya ha provocado denuncias de varios padres.

La trayectoria de este grupo de menores, "pequeño y focalizado", conformado por "entre cinco y diez niños", viene caracterizada en algunos casos por la adicción a las drogas y un comportamiento muy violento, según afirman los responsables provinciales. En este sentido, recordaron la reciente fractura de pómulo que sufrió un trabajador por la agresión de uno de estos niños y el episodio por el cual una mujer embarazada recibió un puñetazo en el estómago.

Con esto, "se despilfarran recursos en algo que no está siendo útil ni justo para ellos", dijo la diputada provincial, Eva Villaverde, en referencia a que estos niños precisan un centro propio para su correcta atención.

El PP cree que es el fin

El Partido Popular, por su parte, expresó ayer por boca de su portavoz provincial, Nidia Arévalo, que esta medida supone "el principio del fin" del centro. Arévalo cargó contra la institución provincial al manifestar que con esta medida "no está pensando en los menores" ni en los puestos de trabajo que se perderán si la Unidade de Primeira Acollida cesa su actividad.

Algo que refuta la Diputación bajo la premisa de que la mayoría de trabajadores y niños del centro nada tienen que ver con la Xunta, al tiempo que insta a la Consellería a atender al diálogo y a las soluciones que le ha propuesto, como habilitar un pabellón aislado dentro de la propia Ciudad Infantil, y a no ignorar los informes de sus profesionales, para quienes exigió respeto a su labor y formación.