El PP urge al gobierno local a resolver ya las deficiencias de las piscinas de Campolongo

César Abal critica el retraso del concurso para adjudicar la gestión de las instalaciones, que obligaron ayer a aprobar una novena prórroga irregular

01.07.2017 | 03:38
César Abal. // Rafa Vázquez

El PP calificó ayer de "gran mentira" el largo recorrido que presenta el concurso para la explotación de las piscinas de Campolongo, pendiente desde 2010 y con nueve prórroga irregulares a sus espaldas, tras aprobarse ayer la última de ellas con vistas a convocar a final de año esa licitación.

El concejal César Abal señaló ayer la tres culpables: "la concejala de Deportes del BNG, Anxos Riveiro, que en las dos etapas que tuvo responsabilidades permaneció paralizada y sin tomar soluciones al respeto; Agustín Fernández, actual portavoz del Grupo Socialista y anterior edil de Deportes, porque decidió asumir como propio un Plan de Viabilidad presentado por la propia empresa que era parte interesada en este contrato; y la propia empresa concesionaria, que también tiene una responsabilidad amplia en este asunto".

Al respecto, el PP reprocha que "no se le exijan a la concesionaria las máximas garantías, pues este complejo lo usan un promedio de 2.000 pontevedreses al mes". A su juicio, "ahora es el momento de poder asumir arreglos necesarios y urgentes, con la firma de la novena prórroga irregular". Sin embargo, el gobierno local ya ha descartado adoptar reparaciones de emergencia.

César Abal recordó que "todo este proceso partió de un Plan de Viabilidad presentado esa empresa en 2012" y cree que debe asumir esos trabajos. En todo caso, tras plantear el gobierno local que estaría dispuesto a aportar un millón de euros, de los 3,5 millones que supone la renovación de las instalaciones, los populares consideran que "lo más adecuado sería que el Concello asumiera la reforma completa y que después, con la licitación del contrato de gestión, tratara de recuperar la inversión realizada".

El edil popular denunció que la "otra mentira del BNG fue apelar a la entrada en vigor de la nueva Ley de Desindexación, el 5 de febrero de este año como excusa por no haber hecho nada". "Fue en agosto de 2016 cuando presentaron el anterior Plan de Viabilidad, presentamos alegaciones y tenían tres meses para resolverlo y llegar a tiempo pero su parálisis les impidió sacarlo adelante", concluyó Abal.

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