La Asociación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa de Pontevedra (Aempe) trasladó ayer a la subdelegada del Gobierno, Ana Ortiz, algunas de las principales inquietudes de la patronal en la ciudad del Lérez. El presidente de la entidad, José María Corujo, dijo ser consciente de las limitaciones que tiene la Subdelegación del Gobierno en algunas de las cuestiones planteadas pero, aún así, confía en que Ortiz pueda servir de correa de transmisión con el Ejecutivo central en cuanto a estas demandas del empresariado pontevedrés.
Una de las más importantes tiene que ver con aquello que se refiere a los elevados costes que acarrean para las empresas locales el pago de unos peajes tan elevados en la red de autopistas. Corujo lamenta que el empresariado pontevedrés sea el que tiene que asumir algunos de los peajes más elevados para moverse en todo el Eje Atlántico pero también "para llegar a Madrid". Se trata de un gasto a mayores "que está disparando los costes a las empresas" y que limita su competitividad frente a las firmas de otras regiones. También expresó su temor de que las obras que se están ejecutando actualmente en Rande puedan suponer un nuevo incremento de las tarifas de la autopista AP-9.
Los empresarios explicaron a la subdelegada que esta es una cuestión en la que seguirán insistiendo al igual que en la necesidad de agilizar algunas infraestructuras pendientes y especialmente la ejecución del AVE. Corujo señaló que la "actual perspectiva de llegada del AVE es muy larga" por lo que insistió en que "todo lo que se pueda hacer para anticipar su llegada" será beneficioso para la provincia y su empresariado.
Otra de las cuestiones que le plantearon a la subdelegada es una "vieja reivindicación del empresariado pontevedrés" y que tiene que ver con un mejor servicio en la ciudad del Lérez de algunos organismos estatales que tienen su delegación en Vigo. Corujo citó el caso, por ejemplo, de Inspección de Trabajo. A pesar de que los inspectores y subinspectores de este organismo tienen cada uno asignada una determinada zona geográfica de la provincia (es decir, hay funcionarios que trabajan expresamente con empresas de Pontevedra o del norte de la provincia y nada más), es necesario acudir en múltiples ocasiones a la ciudad olívica para aportar documentación que requiere este organismo o para entrevistarse con estos profesionales.
"Ya no estamos hablando solo del coste del viaje", explica Corujo, "sino que en ocasiones estos desplazamientos suponen un coste de tiempo para los empresarios o gestores de las firmas pontevedresas" que tienen que detraer de otras actividades más productivas para sus negocios. Corujo trasladó a la subdelegada la posibilidad de que estos profesionales pudieran contar con una especie de sede o despacho en Pontevedra en alguna entidad o organismo público para poder atender al empresariado local.
