El fallo establece también el pago de una indemnización de 98.500 euros a la principal víctima por las secuelas sufridas. La acusación particular solicitaba que se declarase al Estado como responsable civil subsidiario en el pago de estas indemnizaciones, dado que el acusado era un recluso de permiso cuando se produjeron los hechos. Sin embargo, la Audiencia rechaza esta petición.
