La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha resuelto mediante un acuerdo de conformidad un juicio a tres personas acusadas de participar, de distintas maneras, en una organización dedicada a favorecer la entrada en España de dos mujeres procedentes de Brasil para ejercer la prostitución en un club de O Salnés y de obligar a una tercera a ejercerla, a pesar de conocer que lo hacía contra su voluntad.
El fiscal pedía inicialmente penas entre los cuatro y los catorce años de prisión, pero finalmente pactó con las defensas de los acusados que uno de ellos, Carlos V.S., sea condenado por un delito de favorecimiento de inmigración ilegal a tres meses de prisión y por un delito de trata de personas con fines de explotación sexual en concurso con un delito de prostitución coactiva, a la pena de un año, siete meses y quince días.
A mayores, se acordó la suspensión de las penas a cambio de una multa de 4 euros al día por el período de tiempo que debería pasar en prisión, al que habrá que restar los días que pasó en la cárcel de manera preventiva.
Otra de las acusadas, María Susana S.E., ha aceptado la misma pena al reconocerse autora de los mismos delitos y le suspende la condena a condición de que no cometa delito alguno en el margen de tres años.
El tercer acusado que se sentó en el banquillo fue Arturo Manuel G.L., que fue condenado a 10 meses de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual en concurso con un delito de prostitución coactiva.
Igualmente, se le suspende la pena condicionada a que no cometa delito alguno en el período de dos años.
Los tres condenados y la sociedad que tenían tendrán que indemnizar en 2.750 euros a una testigo protegida y entre los dos acusados con mayor pena deberán pagar 600 euros a cada una de las otras dos testigos protegidas.
En virtud del acuerdo de conformidad, los acusados han reconocido que tenían un club de alterne situado en el municipio de Meis, en la comarca de O Salnés, y han asumido como hechos probados el relato descrito por las tres testigos protegidas en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal.
Dos de estas mujeres señalaron que los acusados se aprovecharon de sus condiciones económicas precarias y que al llegar se vieron atadas por la deuda contraída en el viaje y por su manutención, la tercera de las mujeres aseguró haber sido engañada y obligada a prostituirse mediante amenazas.
