La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge el próximo martes un juicio que sentará a cinco personas en el banquillo por los delitos de favorecimiento de inmigración ilegal y de la trata de personas con fines de explotación sexual y mantenimiento de la prostitución coactiva.

Entre las personas acusadas está el dueño de un club de alterne situado en Meis, para quien la Fiscalía de Pontevedra solicita penas que suman 13 años de cárcel. Se trata de C. V. S., a quien el fiscal acusa de ser el titular del establecimiento en el que se produjeron los hechos.

En este proceso judicial son claves tres mujeres, testigos protegidas, que narraron su odisea desde su país natal, Brasil, hasta la provincia de Pontevedra para ejercer la prostitución en este club. En cuanto a las dos primeras, ambas reconocen que cuando fueron captadas en Brasil, aprovechándose de sus condiciones económicas precarias, aceptaron la propuesta que les realizaron para ejercer la prostitución en España. Viajaron al país alegando que iban de visita familiar o turismo y una vez allí entraban a trabajar en el club tras ser informados por los responsables del mismo que deberían abonar una deuda contraida con el establecimiento por el viaje a España.

Hay una tercera testigo protegida que, en su caso, afirma que fue engañada para venir a España con la promesa de que en este país iba a trabajar de camerera. Le dijeron que iba a verse obligada a ejercer la prostitución cuando iba ya camino de un club de alterne en la provincia de Pontevedra tras aterrizar en Oporto. Asegura, según el fiscal, que a pesar de que los responsables del club que ahora se sentarán en el banquillo sabían que ejercía la prostitución en contra la obligaban a ello mediante amenazas. Por ejemplo, y según el escrito del Ministerio Público, el responsable del establecimiento le comentó en una ocasión que otras mujeres que habían denunciado la misma situación que ella las habían matado en Brasil, dando a entender que tenía contactos en el país de origen de la testigo que podían cumplir estas amenazas. En una ocasión otro de los empleados la llegó a encañonar con una pistola detonadora. El fiscal pide penas que suman 39 años de prisión para los cinco acusados.