La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra condenará a tres personas que estaban acusadas de tráfico de drogas a una pena de un año y medio de prisión cada uno. Esta fue la condena que aceptaron tras alcanzar una conformidad con el Ministerio Fiscal y reconocer que se dedicaban a la venta de estupefacientes en el centro de Pontevedra. Al no contar con antecedentes por este mismo tipo de delitos, la pena de prisión será suspendida a condición de que no vuelvan a delinquir.
Los tres reconocieron los hechos que les imputaba el fiscal ayer ante los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia. Según el relato del Ministerio Público, el más activo de ellos era Y. S. R., quien en agosto de 2014 se dedicaba a la venta de cannabis y cocaína. Los seguimientos a los que fue sometido permitieron constatar varias ventas de estupefaciente en pleno centro de Pontevedra en las calles Barón, Padre Amoedo y en la travesía en la que residía su novia.
El juzgado autorizó un registro en su domicilio en el que se encontraron diversas cantidades de sustancias estupefacientes, tanto cocaína como resina de cannabis, todas ellas valoradas por la Fiscalía en unos 13.670 euros.
Este principal acusado contaría con la colaboración de los otros dos compañeros de banquillo, J. S. B. y W. H. N. S., a los que suministraba estupefaciente que luego ellos revendían a terceras personas. En ocasiones el segundo también adquiría alguna sustancia al primero para su posterior venta. Además de la condena de prisión, el juzgado les impondrá sendas multas de 6.000, 100 y 700 euros respectivamente. W. H. N. S. se encontraba en situación irregular en España en el momento en el que fue detenido por estos hechos.
Busca y captura
La Fiscalía Provincial de Pontevedra presentaba acusación contra una cuarta persona, M. A. S. R., quien sin embargo ayer con compareció al juicio celebrado en la Audiencia. Su abogado argumentó que el joven actualmente se encuentra trabajando en Palma de Mallorca y que la notificación de la Audiencia le llegó hace apenas una semana, por lo que "no pudo preparar el viaje". El fiscal se vio en su obligación de pedir al tribunal que dicte una orden de busca y captura para asegurar su presencia en el juicio.
