La litigiosidad en los juzgados de primera instancia y de instrucción del partido judicial de Pontevedra sigue cayendo de forma realmente espectacular tras las últimas reformas legislativas, especialmente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor en diciembre de 2015. Y es que el descenso es especialmente importante en el orden jurisdiccional directamente afectado por esta normativa, el ámbito penal, en donde el número de asuntos que abordan los juzgados pontevedresas bajan en picado.
Según los últimos datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial, los siete juzgados de primera instancia e instrucción de la ciudad cerraron el primer trimestre de 2017 con un total de 2.340 asuntos pendientes de resolver; frente a los 3.435 que estaban en trámite en estas mismas salas en marzo del pasado año, es decir, más de un millar de expedientes menos en cartera, lo que supone un descenso del 31%.
En referencia a las distintas jurisdicciones, en el ámbito penal el descenso en cuanto a los asuntos pendientes es de casi la mitad, un 47%. Los tres juzgados de instrucción cerraron el primer trimestre del año con un total de 693 asuntos pendientes de resolución. Esto supone 631 asuntos menos en trámite que los que tenía el pasado año a estas alturas. En estos primeros tres meses del año, estos juzgados ingresaron un total de 1.216 asuntos, frente a los 2.038 del mismo periodo del año anterior, es decir 822 menos.
El TSXG viene señalando ya en los últimos meses que hay que buscar la principal explicación a esta importante caída en el número de asuntos ingresados en el orden penal a esta reforma legal que, por ejemplo, evitó que en aquellos casos en los que no existe autor conocido de un hecho delictivo no sea necesaria la remisión por parte de las Fuerzas de Seguridad de un atestado al juzgado que, antiguamente, daba lugar a la apertura de las diligencias previas correspondientes. Además, los juzgados ahora cuentan también con la posibilidad de archivar aquellas investigaciones en marcha que no arrojan resultados hasta que los investigadores aporten nuevos indicios o pruebas que permitan continuar la instrucción del caso.
En el orden civil también se está detectando una caída en la litigiosidad, bastante importante con respecto a lo que sucedía hasta ahora. A lo largo del primer trimestre del año las salas de primera instancia de la ciudad ingresaron un total de 1.157 asuntos, frente a los 1.469, un 21% menos. Esto se traduce también en un descenso del mismo porcentaje en cuanto a los asuntos pendientes de resolución, que quedan en un total de 1.647 al final de este periodo, frente a los 2.111 que permanecían en trámite en marzo de 2016.
De hecho, en este caso la situación sí contrasta con la del resto de Galicia en donde la cifra de asuntos ingresados en el orden Civil sí aumentó un 4,5%, frente a los descensos en el orden penal y contencioso-administrativo. Con todo, sí es destacable que en el orden civil los juzgados pontevedreses empezaron el año con menos asuntos en trámite (1.546) que los que tenían pendientes al finalizar marzo (1.647).
Así las cosas, los juzgados pontevedreses acumulan una tasa de congestión (un cálculo efectuado en base a número de asuntos ingresados, pendientes y resueltos) de 1,93, lo que los sitúa por debajo de la media gallega, con un 2,3.
