El Colegio de Abogados de Pontevedra se sitúa históricamente como el segundo órgano colegial gallego con mayor volumen de trabajo en cuanto a la gestión de la justicia gratuita. El año pasado, esta entidad gestionó un total de 10.501 solicitudes de justicia gratuita, lo que supone un 6,3% menos que en el ejercicio anterior. Esta tendencia ligera a la baja se produce después de años en los que se alcanzaron récords de solicitudes en los años más duros de la crisis económica. Parece que a medida que la situación mejora también las solicitudes descienden.
De todas las solicitudes presentadas y tramitadas, un total de un 7.836 fueron estimadas, lo que supone que un 74,6% de los solicitantes cumplían los requisitos para contar con un abogado de forma gratuita. Esto supone también un descenso de dos puntos con respecto al porcentaje de admitidos del ejercicio 2015.
La Abogacía española también inició el año en curso ganando una importante batalla cuando se intentó imponer la aplicación del IVA a la justicia gratuita, algo que finalmente el Gobierno suspendió y no se llevó a cabo.
La cuestión se planteó tras una sentencia del TJUE sobre el sistema que se aplica en Bélgica, que es distinto al español en donde la justicia gratuita es de naturaleza pública.
